La emergencia hídrica el Proyecto 086/26 presentado por el ejecutivo provincial y que fue aprobado en Diputados
La emergencia no es solo el clima
El 31 de julio de 2026 el Poder Ejecutivo de Chubut remitió
a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 086/26, que declara la emergencia
hídrica en todo el territorio provincial por el término de un año. El documento
se apoya en una exposición de motivos hidrológica: para la cuenca del río
Chubut, describe una "creciente vulnerabilidad del sistema hídrico"
asociada a variabilidad climática, cambios en los regímenes de precipitaciones
y degradación ambiental; para la cuenca del Senguer usa una fórmula equivalente,
"creciente vulnerabilidad hídrica", pero agrega un elemento que no
aparece en el caso del Chubut: la "presión ejercida por los distintos usos
del recurso".
Esa mención no es un detalle retórico. Es el propio
Ejecutivo el que incorpora la utilización del agua, y no solo su disminución
natural, como factor de vulnerabilidad de la cuenca del Senguer. A partir de
esa grieta abierta por el propio texto oficial, la emergencia de 2026 no puede
leerse únicamente como una consecuencia del clima: exige preguntar también cómo
se administra, se distribuye y se usa el agua que todavía queda.
El dato hidrológico: una advertencia y una asimetría
Los registros que sostienen el proyecto provienen del
Sistema Nacional de Información Hídrica, pero con una salvedad que el propio
documento explicita: los datos oficiales de caudal solo llegan hasta abril de
2024. Lo que sigue —buena parte de 2024 y todo 2025— surge de una calibración
altura-caudal (H-Q), que el proyecto mismo describe como una estimación
aproximada, con incertidumbre por no usarse las curvas de calibración
oficiales. Cualquier lectura posterior de esas cifras debe conservar esa cautela.
Con esa salvedad, la cuenca del Chubut muestra déficits
crecientes en las cuatro estaciones medidas entre 2024 y 2025 (El Maitén, Río
Gualjaina, Paso del Sapo y Los Altares, esta última con el déficit porcentual
más alto), y el Embalse Florentino Ameghino registró entre octubre de 2025 y
abril de 2026 un balance neto negativo de 411,02 Hm³.
En el Senguer aparece un dato distinto. En la estación
Nacimiento, ubicada en la cabecera, el déficit mejora de manera significativa
entre 2024 (–32,21 %) y 2025 (–15,24 %). En Los Molinos, la estación situada
—según describe el propio proyecto— "previa al ingreso del recurso al
valle irrigado de Sarmiento", el déficit se mantiene prácticamente
estable: –42,09 % en 2024 y –42,69 % en 2025.
La mejora relativa que se observa en la cabecera no se
traslada de manera equivalente a la estación baja. El proyecto no ofrece un
balance hídrico del tramo entre ambas estaciones, de modo que no es posible
atribuir esa diferencia a un factor único: intervienen aportes de tributarios,
evaporación, infiltración y almacenamiento, además de las captaciones. Lo que
sí puede afirmarse con los datos disponibles es más acotado pero igual de
relevante: la condición hidrológica medida en la cabecera no se transmite linealmente
hasta la cuenca baja, antes del valle de Sarmiento.
Esa asimetría es la que empuja el análisis hacia la
estructura de uso del agua en ese tramo.
Una herramienta de un año para un diagnóstico que se describe como estructural
El propio diagnóstico del Ejecutivo enumera aridización,
degradación ambiental, presión de los usos y desafíos de "gestión
sostenible" frente a "escenarios climáticos actuales y futuros".
La respuesta jurídica que ofrece el proyecto, en cambio, es una emergencia de
doce meses, articulada sobre los artículos 35 a 40 de la Ley XVII N° 88.
No hay una contradicción automática entre ambos planos, pero
sí una tensión objetiva. El articulado autoriza al IPA y a la Secretaría de
Infraestructura a acciones urgentes y contrataciones directas, promueve el uso
de agua subterránea para compensar el déficit superficial, faculta al IPA a
priorizar usos conforme al artículo 42 de la Ley XVII N° 53, y habilita al
Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias. Es una herramienta orientada
principalmente a la oferta —obras, captaciones, perforaciones— y a la
priorización administrativa. No establece cupos, auditoría de consumos reales
ni una revisión general de las asignaciones existentes.
Cómo está estructurado el uso del agua en la cuenca
Antes de llegar al valle irrigado de Sarmiento, el Senguer
recorre una cuenca que involucra a dos provincias. En el tramo conocido como
"codo del Senguer" el río ingresa brevemente en territorio de Santa
Cruz y regresa después a Chubut. Existe, desde 2006, un Organismo
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Senguer integrado por ambas provincias
y el Estado Nacional, con la misión de administrar, controlar y preservar el
recurso compartido. Las facultades de priorización que el artículo 4 del
proyecto otorga al IPA de Chubut encuentran ahí un límite: cualquier
restricción de tomas o de caudal ecológico en el tramo compartido requiere
coordinación interprovincial, y el funcionamiento de ese organismo ha sido,
históricamente, intermitente. La emergencia provincial no lo reemplaza ni lo
activa por sí sola.
Antes de desembocar en el Lago Musters, el río se bifurca.
El cauce principal alimenta el Musters; un brazo natural, el Falso Senguer,
deriva agua hacia el Lago Colhué Huapi, hoy en gran medida seco. En años de
crecida, ese brazo funciona como una válvula que termina evaporando el
excedente en el Colhué Huapi. En años de escasez, el aporte debería priorizarse
hacia el Musters, pero las tomas de la cuenca alta y media compiten por el
caudal antes de que el río llegue al punto de bifurcación. El proyecto no analiza
este mecanismo, aunque condiciona cuánta agua llega finalmente al embalse
natural del que depende el sistema de acueductos.
Ese embalse no es un dato menor: del Lago Musters se
abastece de agua potable a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta
Olivia, entre 300.000 y 400.000 personas según las estimaciones habituales de
la región. El Colhué Huapi es el antecedente más claro de lo que ocurre cuando
se combinan menor aporte de cuenca, derivaciones no controladas, pérdidas
elevadas en conducción y ausencia de regulación efectiva: durante décadas
redujo su superficie hasta convertirse, buena parte del año, en un lecho seco
generador de tormentas de polvo. El mecanismo que lo secó es, según este
material, el mismo que hoy opera sobre el Musters.
Los permisos del IPA: cuánto se autorizó y en cuántas manos
El listado oficial de permisos del Instituto Provincial del
Agua, con corte a febrero de 2026, registra 34 permisos vigentes de uso
agrícola y/o pecuario en la cuenca del Senguer. El volumen agrícola consignado
en esos permisos asciende a 104.528.592 m³ por año, aproximadamente 104,5 Hm³
anuales.
Esa cifra no equivale al agua que se extrae efectivamente
cada año: es el volumen autorizado, no el consumo real. La distinción es
metodológicamente indispensable y no puede pasarse por alto en ningún sentido
—ni para inflar el problema ni para minimizarlo—, aunque tampoco puede
ignorarse al analizar una cuenca con caudal decreciente que el propio Estado
declaró en emergencia.
Lo que sí muestra el padrón, sin necesidad de saber cuánto
se extrae realmente, es la concentración: tres permisos reúnen el 78,6 % del
volumen agrícola autorizado (30,6 %, 26,6 % y 21,4 % respectivamente, un total
de 82,17 millones de m³ anuales), mientras los 31 permisos restantes se
reparten el 21,4 % que queda. No se trata de una multiplicidad de usuarios
repartidos de manera más o menos pareja: una parte muy significativa del
volumen formalmente autorizado está en muy pocas manos. Identificar a los titulares
es posible a partir del listado público del IPA; para este análisis, lo
relevante es la magnitud y la concentración, no los nombres.
Esa estructura de permisos es, en los términos del propio
proyecto, la base sobre la que el IPA deberá decidir a quién priorizar cuando
el agua escasea.
Las pérdidas: por qué la conducción importa tanto como el caudal
El IPA utilizó de manera reiterada, en intervenciones ante
el Comité de Cuenca del Senguer, una categoría técnica propia: "pérdidas
intolerables". La describe para canales que captan agua desde la planicie
de inundación del río —no desde una toma regulada en el cauce principal—,
atraviesan mesetas de altísima permeabilidad y, en muchos casos, solo sirven
para dar de beber a la hacienda o para "enmallinar" pequeñas
superficies. El propio organismo señaló que ya no otorga permisos para este
tipo de canales, justamente por la magnitud de esas pérdidas.
La eficiencia de conducción se calcula como el caudal que
llega a destino sobre el caudal que sale de la toma. Según parámetros técnicos
que el propio IPA ha manejado, un canal revestido con control alcanza entre 85
% y 90 % de eficiencia; uno de tierra corto y bien mantenido, entre 60 % y 70
%; uno de tierra largo, sin revestimiento, en suelo de alta permeabilidad,
puede caer a 30-40 % o menos. Por debajo del 50 %, cuando el destino no es
riego sistematizado de alto valor, la pérdida se vuelve sistémicamente costosa:
el agua que se infiltra en las mesetas de rodados patagónicos no vuelve al río,
pasa a acuíferos profundos o se evapora.
Geográficamente, buena parte de los permisos pecuarios con
escasa o nula superficie agrícola declarada se concentra en Alto Río Senguer y
Aldea Apeleg, zonas que coinciden con los tramos de canales que el IPA calificó
de pérdidas intolerables. En Sarmiento predominan permisos con superficie
agrícola declarada, aunque también hay casos de baja eficiencia por riego de
inundación de campo bruto, que genera bañados y juncales. El propio organismo
llegó a hablar de unas 500 tomas históricas en la cuenca alta y media, de las
cuales solo una fracción estaba formalmente autorizada, muchas sin compuertas
ni medición y en uso durante todo el año, tal lo declarado en el 2016.
Dos perfiles de permiso resultan particularmente sensibles a
este problema: los pecuarios con dotaciones muy bajas por animal frente a
grandes cantidades de cabezas —lo que obliga a derivar más caudal del declarado
o a aceptar pérdidas mayores en el trayecto— y los agrícolas de pequeña
superficie con consumos unitarios de 20.000 a 25.000 m³ por hectárea anual,
típicos de sistemas de inundación poco eficientes y no de riego tecnificado.
El proyecto no ofrece un balance hídrico que permita
atribuir cuantitativamente a estas pérdidas la diferencia observada entre
Nacimiento y Los Molinos. Pero sí puede afirmarse, con documentos oficiales,
que el Estado había identificado el problema de eficiencia de conducción años
antes de la emergencia, que la estructura de permisos vigentes incluye usos
localizados exactamente en las zonas críticas, y que la emergencia habilita
priorizar usos y promover agua subterránea sin resolver por sí sola el problema
de las pérdidas.
Una crisis anunciada: lo que el Estado ya sabía entre 2022 y 2025
La emergencia de agosto de 2026 no aparece en un vacío de
información. En 2022 el IPA y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco iniciaron un diagnóstico integral de la crisis hídrica del Senguer, con
entrega de equipamiento y capacitación para campañas de aforo en Alto Río
Senguer. La premisa de partida era elemental: sin medición sistemática de
cuánto se extrae en cada toma y cuánto llega a destino, ninguna política de
priorización puede ser completa.
Ese mismo año se licitó el Plan de Gestión Integrada de
Recursos Hídricos de la cuenca (2022-2030), con un presupuesto de 160 millones
de pesos, adjudicado a HCA Consultora S.R.L. y EVARSA bajo supervisión de la
Secretaría de Ambiente y el IPA. En junio de 2024 el gobierno provincial
informó avances y anunció una red de monitoreo hidroambiental por dos años. En
la asamblea de octubre de 2024 del Comité de Cuenca se presentaron el informe
de avance del Plan, el estado de la obra de regulación del Lago Fontana, la
Resolución 98/24 del IPA y el pronóstico de derrame del Senguer para 2024-2025:
es decir, a fines de 2024 el organismo ya contaba con una proyección de oferta
hídrica para el ciclo que terminaría en la emergencia de 2026.
En materia normativa, el IPA dictó en 2024 la Resolución
98/24 (requisitos para permisos agrícolas) y la 149/24 (requisitos pecuarios,
luego modificada por la 149/2025), que exigen proyecto productivo y
justificación de la necesidad de agua. El propio organismo había señalado, ya
en inspecciones de 2013 en Arroyo Apeleg y Alto Río Senguer, que un informe
integral para el Comité de Cuenca solo sería posible cuando la totalidad de los
usuarios regularizara su situación. La regularización era, en ese sentido, una
deuda de más de una década, y las resoluciones de 2024-2025 son un intento de
ordenar el padrón que no cerró de inmediato la brecha entre tomas existentes y
permisos formalizados.
Las campañas de aforo de octubre-noviembre de 2022 aportaron
magnitud al problema: en la cuenca alta se midieron extracciones para riego del
orden de 3,7 m³/s en fechas de aforo —más de tres veces lo que en ese momento
extraía el sistema de acueductos del Musters para consumo urbano—, y en el
delta de Sarmiento las extracciones en canales de riego llegaron a valores del
orden de 7,6 m³/s en noviembre de 2022. Son mediciones puntuales, no volúmenes
anuales, pero confirman el peso cuantitativo de las tomas de riego frente al
caudal disponible y al consumo humano de las ciudades del Golfo San Jorge.
La obra más relevante prevista para regular la cabecera, la
Presa Nacimiento del Río Senguer / Azud del Lago Fontana (BAPIN 131498), busca
reducir la variabilidad estacional del sistema Fontana-La Plata. Según su
documentación técnica, el derrame medio histórico en Nacimiento ronda los 1.052
Hm³/año, la demanda agrícola teórica de la cuenca se estima en 1.485 Hm³/año
para unas 33.000 hectáreas bajo riego, y la capacidad de regulación proyectada
del embalse es de 110-114 Hm³. El balance teórico ya es deficitario incluso sin
contar pérdidas de conducción, y la obra, pese a contar con financiamiento
nacional y figurar entre las medidas prioritarias del Comité de Cuenca, no
estaba operativa al momento de declararse la emergencia.
Entre 2022 y 2025, entonces, el Estado diagnosticó la falta
de medición, licitó un plan de largo plazo, dictó normas de regularización,
aforó extracciones significativas, proyectó la oferta hídrica y avanzó
parcialmente en la obra de regulación del Fontana. Al mismo tiempo, el padrón
de febrero de 2026 muestra que se siguieron otorgando permisos, que el volumen
autorizado se concentra en pocas manos y que persisten los canales que el
propio IPA calificó de pérdidas intolerables.
El factor climático: qué cambia y qué todavía no está claro
El cambio climático no opera aquí como argumento genérico.
Más del 70 % del caudal del Senguer se genera en la cabecera cordillerana,
alimentada por los lagos Fontana y La Plata y por el deshielo. Estudios de la
UNPSJB y el CONICET muestran que el pico de caudal primaveral se adelantó unos
17 días desde 1950, que el deshielo —antes concentrado entre fines de
septiembre y octubre— ocurre cada vez más temprano, y que la temporada de
acumulación de nieve se acorta a favor de precipitaciones en forma de lluvia.
Ese cambio reduce la función de la nieve como embalse temporal: el agua escurre
antes y está menos disponible en los meses de mayor demanda.
Desde 2000-2001 se observa además una disminución de las
precipitaciones invernales en la cabecera, un aumento de la temperatura media
(del orden de 2,18 °C entre 1989 y 2015 en registros regionales) y una mayor
frecuencia de fases de La Niña, asociadas a reducciones de caudal de entre 33 %
y 36 % en los tramos bajos respecto de fases de El Niño. La cobertura de
glaciares en la subcuenca es mínima (alrededor del 0,03 % del área), lo que
limita la capacidad de regulación natural frente a los períodos secos. En la
cuenca baja, donde están los lagos Musters y Colhué Huapi, el déficit es
estructural: precipitaciones del orden de 150 mm anuales contra evaporaciones
que superan los 1.700 mm, un desbalance que el aumento de temperatura agrava.
Las proyecciones a futuro, sin embargo, son menos nítidas
para el Senguer que para el Chubut. Mientras la cabecera del río Chubut
proyecta una reducción del orden del 40 % en la disponibilidad de agua hacia
fines de siglo, para el Senguer los estudios disponibles no coinciden: algunos
trabajos estiman tendencias negativas de caudal del orden de 1 % anual entre
los lagos Musters y Colhué Huapi y 1,5 % anual en Los Molinos, mientras que
otros no encuentran tendencias estadísticamente significativas, según la metodología,
la estación y el período analizado. La cuenca se ubica en una zona de
transición climática, entre tendencias negativas más claras al norte y
tendencias positivas o indefinidas más al sur.
Lo que sí se proyecta con mayor consenso son procesos
regionales: menos nieve y menor espesor nival en los Andes de latitud media,
deshielo más temprano, mayor evaporación en los lagos terminales y persistencia
del desfase estacional entre oferta y demanda. Esa incertidumbre sobre la cifra
exacta no debilita el diagnóstico de vulnerabilidad: si el clima se vuelve más
errático, los márgenes de ineficiencia y sobreasignación que el sistema
toleraba en el pasado se vuelven más costosos.
La pregunta que atraviesa toda la evidencia
¿La emergencia hídrica del Senguer responde exclusivamente a
una disminución de la disponibilidad natural, o también revela una
vulnerabilidad vinculada a la forma en que se administra, distribuye y utiliza
el agua? Los propios documentos oficiales —el proyecto de ley, los registros de
permisos, las intervenciones del IPA ante el Comité de Cuenca, los antecedentes
de 2022-2025— no permiten responder con una causa única. Permiten, sí, sostener
que ambos factores operan juntos: un caudal que decrece de manera diferente
entre la cabecera y la cuenca baja, y una estructura de uso del agua —permisos
concentrados, canales con pérdidas que el propio Estado calificó de
intolerables, una obra de regulación todavía inconclusa— que condiciona cuánta
de esa agua llega efectivamente a destino.
Conclusión
El componente climático de la emergencia es real: menos
nieve, deshielo adelantado, mayor evaporación y una cabecera que, según la
proyección más citada, podría perder hasta 40 % de su disponibilidad hacia fin
de siglo en la cuenca vecina del Chubut, con una tendencia menos definida pero
igualmente preocupante en el Senguer. Eso no agota, sin embargo, lo que hay
para analizar.
La comparación entre Nacimiento y Los Molinos, la
concentración de tres cuartas partes del volumen autorizado en tres permisos,
los canales que el propio IPA definió como generadores de pérdidas intolerables
y una obra de regulación de cabecera que sigue sin estar operativa componen un
cuadro de gestión que el Estado documentó, en gran medida, antes de esta
emergencia. La Ley 086/26 habilita herramientas de un año, orientadas
principalmente a ampliar la oferta y a priorizar usos por decisión administrativa.
No responde por sí sola a las preguntas que su propio diagnóstico plantea: cómo
se asigna el agua, cómo se controla su uso real, cuánto se pierde en el camino,
qué información existe para decidir y cuánta capacidad de adaptación tiene el
sistema frente a una disponibilidad que, con o sin certeza sobre su magnitud
futura, viene mostrando menos margen.
