☢  SERIE: URANIO EN CHUBUT

Investigación · Geopolítica · Economía  ·  Chubut, Patagonia  ·  Marzo de 2026

El uranio que salva vidas y el que destruye territorios

Sí, el uranio tiene usos pacíficos reales: genera electricidad baja en carbono y permite diagnósticos médicos que salvan vidas. Pero hay preguntas que el relato oficial nunca responde: ¿de dónde sacan su uranio los países que lo usan? ¿Cuánto necesita realmente la medicina? ¿Y quién se beneficia de abrir una mina en la meseta patagónica?

 

EL DEBATE QUE NO ES DEBATE

Lo que dicen — y lo que no dicen

LO QUE ARGUMENTAN	LO QUE OMITEN
Energía limpia y soberana El uranio genera electricidad baja en carbono. Argentina necesita diversificar su matriz energética.	¿Soberana para quién? El uranio extraído en Chubut no abastecería a Chubut. Entra al mercado internacional. La energía que generará no bajará la factura de energía eléctrica de los chubutenses.
Medicina nuclear salva vidas El tecnecio-99m se usa en diagnóstico de cáncer y enfermedades cardiovasculares en 10.000 hospitales del mundo.	Menos del 1% del total El uso médico representa menos del 1% del uranio consumido mundialmente. No se necesita una mina industrial en la meseta patagónica para abastecer un reactor de investigación.
Técnicas modernas y responsables La lixiviación in situ (ISL) no requiere tajo a cielo abierto. Es compatible con la Ley 5001.	Ácido en el acuífero La ISL inyecta ácido sulfúrico directamente en el subsuelo. En Kazajistán —el mayor productor mundial por ISL— hay contaminación de napas documentada que persiste décadas después del cierre.
Generación de empleo local La minería puede crear puestos de trabajo genuinos en una economía provincial en crisis.	¿Cuántos, por cuánto tiempo? Los proyectos de ISL son intensivos en capital, no en mano de obra. El empleo en fase de exploración es temporal y especializado. El pasivo ambiental es permanente.
Argentina tiene el Plan Nuclear El país necesita combustible para sus propios reactores nucleares y para exportar tecnología.	Los Adobes primero El mismo Estado que impulsa nuevos proyectos lleva 45 años sin remediar el pasivo de Los Adobes, a un kilómetro del río Chubut. ¿Con qué credibilidad gestiona nuevos riesgos?

 

Antes de desmontar el argumento hay que tomárselo en serio. El uranio tiene usos pacíficos reales y significativos. La energía nuclear genera electricidad baja en carbono en un momento de crisis climática. El tecnecio-99m, derivado del uranio, se usa para detectar cáncer, evaluar el funcionamiento cardíaco y diagnosticar enfermedades neurológicas en hospitales de todo el mundo. Negar esto sería deshonesto.

El problema no es el uranio. El problema es este proyecto, en este territorio, con este historial, sin esta información pública, sin esta consulta previa. Y para entender por qué, hay que mirar cómo funciona el negocio del uranio en el mundo real, no en los comunicados del gobierno provincial.

EL ARGUMENTO MÉDICO

¿Cuánto uranio necesita realmente la medicina?

El tecnecio-99m es el radioisótopo más usado en medicina nuclear del mundo. Es el principal producto de la cadena de decaimiento del molibdeno-99, que se produce mayoritariamente por fisión del uranio-235 en reactores de investigación. Se usa para detectar cáncer, evaluar el corazón, el cerebro, los huesos y los riñones. Eso es real e importante.

Pero hay que precisar de qué cantidades estamos hablando. El Mo-99 para uso médico se produce en apenas cinco reactores de investigación en el mundo entero, con blancos de uranio del tamaño de una placa fotográfica. La producción médica global de Mo-99 se mide en miles de curios por semana, no en toneladas de mineral extraído de la tierra.

<1%

Del consumo mundial de uranio corresponde a usos en reactores de investigación y producción de isótopos médicos. Más del 99% va a generación de electricidad.

Dicho de otro modo: la medicina nuclear necesita uranio, sí, pero en cantidades ínfimas comparadas con las que justificarían abrir una mina industrial en la meseta patagónica. Y la tendencia tecnológica va en dirección contraria: ya existen aceleradores de partículas que producen Mo-99 sin necesidad de reactores nucleares ni blancos de uranio. La dependencia del uranio para fines médicos está en retroceso, no en avance.

La próxima vez que alguien diga "el uranio cura el cáncer" para justificar una mina en Chubut, hay que preguntarle: ¿cuántos gramos de uranio se necesitan para abastecer al RA-3 en Ezeiza durante un año? La respuesta los deja sin argumento.

Argentina ya tiene capacidad nuclear instalada. El reactor RA-3 en Ezeiza produce isótopos radiactivos para uso médico y abastece al sistema de salud nacional. El reactor RA-10, en construcción en el mismo predio, ampliará esa capacidad cuando entre en operación. Ninguno de esos reactores requiere abrir una nueva mina en la meseta: utilizan combustible nuclear enriquecido procesado en instalaciones especializadas de la CNEA.

EL ARGUMENTO ENERGÉTICO

Francia genera el 65% de su electricidad con nuclear. ¿De dónde saca el uranio?

Francia es el ejemplo favorito de quienes defienden la energía nuclear. Es una anomalía entre las grandes economías: la energía nuclear representa el 65% de toda su electricidad generada. Un logro técnico indudable. Pero hay un detalle que los discursos de Torres y compañía omiten sistemáticamente: Francia tiene virtualmente ningún recurso doméstico de uranio y depende por completo de importaciones de otros países.

¿De dónde saca su uranio Francia? En 2023, sus cuatro principales proveedores —Kazajistán, Namibia, Níger y Australia— representaron el 98% de las importaciones francesas de uranio natural. El patrón geopolítico es claro: los países ricos consumen la energía, los países del Sur Global cargan con la extracción, la contaminación y el pasivo ambiental.

Proveedores de uranio de Francia — 2023

PAÍS	%	NOTA
Kazajistán	~37%	Mayor productor mundial. Extracción por ISL con contaminación de napas documentada.
Namibia	~20%	Orano (empresa francesa, 90% estatal) opera la mina Trekkopje desde 2026.
Níger	~22% hist.	Junta militar expulsó a Orano en 2024. Fue el 2do proveedor histórico de Francia durante décadas.
Australia · Uzbekistán	~20%	Proveedores complementarios del mix de importaciones francés.

EL ESPEJO DE NÍGER — lo que le espera a Chubut si no pone condiciones

Durante más de 50 años, la empresa francesa Orano (antes COGEMA, antes Areva) extrajo uranio en Arlit, en el desierto de Níger. El resultado: Níger es uno de los países más pobres del mundo, con el IDH más bajo del planeta según la ONU, a pesar de haber exportado miles de toneladas de uranio que iluminaron Francia.

En Arlit, las comunidades locales denuncian contaminación del agua y el suelo, niveles elevados de radioactividad en el polvo del desierto, y enfermedades respiratorias. Los beneficios de la explotación uranífera han sido mínimos para Níger. Las regalías que recibía el Estado nigerino eran una fracción del valor del mineral extraído. La infraestructura prometida nunca llegó en la escala anunciada.

En julio de 2023 una junta militar tomó el poder y expulsó a Francia. En diciembre de 2024, Orano cesó operaciones en Níger. Esto representó la disrupción más significativa en la cadena de suministro de uranio de Francia en décadas. Francia buscó nuevos proveedores. Níger quedó con los pasivos. El ciclo se repite ahora con Namibia, Kazajistán y Mongolia.

La pregunta para Chubut es esta: ¿cuándo se vaya Jaguar Uranium Corp., qué quedará? ¿Los empleos prometidos o los residuos reales?

LA LÓGICA DEL NEGOCIO

Las ganancias se privatizan. Los pasivos se socializan.

El modelo del negocio uranífero global tiene una lógica interna muy clara. Kazajistán representa el 48,8% de las exportaciones mundiales de uranio natural en 2024. Es el mayor productor y exportador del mundo. ¿Cuánto de esa riqueza queda en Kazajistán? Kazatomprom, la empresa estatal, es rentable, pero el país sigue siendo una economía de ingresos medios con una democracia cuestionada y enormes pasivos ambientales en zonas de extracción.

El patrón es universal: la extracción ocurre en los países con menor capacidad de regulación o mayor necesidad de divisas. Los beneficios finales —la electricidad, los diagnósticos médicos, los contratos millonarios de enriquecimiento y procesamiento— se concentran en los países con tecnología nuclear instalada: Francia, EE.UU., Rusia, China, Corea del Sur, Japón.

FRANCIA — CONSUMIDOR 65% de su electricidad viene de nuclear. Cero minas propias. Cero pasivos en su territorio por extracción.

CHUBUT — POTENCIAL EXTRACTOR 0% de la electricidad nuclear generada en Chubut se quedaría en Chubut. 100% de los pasivos ambientales, sí.

Jaguar Uranium Corp. es una empresa canadiense junior, sin historial operativo en Argentina, que cotiza en bolsa con activos en exploración. Su modelo de negocio no es operar minas durante décadas: es descubrir y certificar recursos, hacer crecer el valor de sus acciones, y eventualmente vender el activo o asociarse con un operador mayor. Las empresas junior de exploración son especulativas por naturaleza: su valor está en los recursos que certifican, no en la minería que realizan.

“Jaguar Uranium descubre. Los accionistas ganan. Si se habilita la explotación: el territorio se contamina. La comunidad carga con el pasivo. El Estado pone el cartel de 'Área Restringida' cuarenta años después.”

El antecedente local es Los Adobes: la CNEA extrajo, el Estado quedó con el pasivo, y cuatro décadas después nadie ha publicado una remediación completa ni estudios epidemiológicos serios sobre las poblaciones afectadas. Si el propio Estado argentino no puede garantizar la remediación de su propio pasivo histórico, ¿con qué autoridad moral le exige garantías a una empresa junior canadiense?

LO QUE NADIE RESPONDE

Las preguntas que el gobierno de Torres no contestó todavía

Hay cinco preguntas concretas que ningún comunicado oficial, ningún intendente alineado y ningún gremio que apoya la apertura minera ha respondido con datos:

1.  ¿Cuándo y con qué presupuesto se va a remediar definitivamente Los Adobes?

No hay fecha. No hay presupuesto asignado. El PRAMU de la CNEA opera con fondos anuales que no alcanzan para una remediación completa. El Estado no puede limpiar lo que hizo en los años 70. ¿Cómo va a limpiar lo que autorice hoy?

2.  ¿Cuál es la garantía financiera de remediación que debe depositar Jaguar Uranium antes de comenzar?

En los marcos regulatorios más exigentes del mundo (Canadá, Australia), las empresas deben depositar una garantía financiera equivalente al costo de remediación estimado antes de iniciar operaciones. ¿La legislación chubutense exige esto? ¿Cuánto depositó Jaguar?

3.  ¿Se realizó la consulta previa, libre e informada a las comunidades mapuches del área?

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.071, exige consulta previa a pueblos indígenas antes de cualquier proyecto que afecte sus territorios. No hay registro público de que esta consulta se haya realizado para el proyecto de Jaguar Uranium en Laguna Salada.

4.  ¿Está disponible el texto completo de la EIA aprobada para consulta pública?

Una Evaluación de Impacto Ambiental aprobada con fondos públicos y que afecta a recursos hídricos compartidos debería ser pública por defecto. No lo es. Los ciudadanos que van a convivir con las consecuencias no tienen acceso al documento que las autoriza.

5.  ¿Quiénes son los accionistas principales de Jaguar Uranium Corp. y cuál es su historial ambiental en otros países?

Las empresas junior de exploración cotizan en bolsa, tienen accionistas identificables y un historial verificable. Esa información no aparece en ningún comunicado oficial provincial. La transparencia sobre quién es el interlocutor real es el mínimo exigible.

 

El uranio tiene usos pacíficos reales. Francia genera el 65% de su electricidad con nuclear. El tecnecio-99m salva vidas. Todo eso es verdad.

También es verdad que Francia no tiene una sola mina de uranio en su territorio. Que sus proveedores históricos son Níger —uno de los países más pobres del mundo tras décadas de extracción— y Kazajistán, donde la ISL dejó napas contaminadas. Que el uso médico representa menos del 1% del uranio consumido globalmente. Que Jaguar Uranium es una empresa junior sin historial operativo en Argentina. Que Los Adobes sigue sin remediación definitiva después de 45 años. Que la EIA aprobada no es pública. Que no hubo consulta previa a comunidades mapuches.

La pregunta no es si el uranio puede ser útil. La pregunta es si este proyecto, en este territorio, con estas garantías —o la ausencia de ellas— beneficia a las comunidades que van a convivir con sus consecuencias. La respuesta, con los datos sobre la mesa, es no.

El modelo que se propone para el Chubut no es el modelo francés, que al menos tiene décadas de experiencia nuclear y reactores propios que usan el combustible que importa. El modelo que se propone para el Chubut es el modelo de Níger: extraer para que otros consuman, cargar con los pasivos y agradecer los empleos temporales como si fueran un favor.

El agua del río Chubut no tiene precio de mercado. Los pasivos radiactivos, sí: los paga la comunidad durante generaciones.

 

DATOS CLAVE

El uranio en números globales

<1%

del uranio consumido va a usos médicos. El 99%+ es para generación eléctrica.

65%

de la electricidad de Francia es nuclear. Cero minas en su territorio.

48,8%

del uranio mundial exportado viene de Kazajistán (2024).

5

reactores de investigación producen el 95%+ del Mo-99 médico mundial.

Argentina ya tiene

Reactor RA-3 (Ezeiza): produce isótopos médicos para el sistema de salud nacional.

Reactor RA-10: en construcción en Ezeiza, ampliará capacidad de producción médica.

INVAP: exporta reactores de investigación a varios países. Tecnología instalada sin nueva minería.

Jaguar Uranium Corp.

Empresa junior canadiense. Sin historial operativo en Argentina. Modelo de negocio: explorar, certificar recursos, aumentar valor accionario. Los pasivos de largo plazo no están en su balance sheet.

 

SERIE COMPLETA: URANIO EN CHUBUT

A 50 años del golpe: "No vienen por mí ni por el gobierno, quieren derrumbar las chimeneas y las fábricas que levantó Perón."

 

EL GOBIERNO QUE TODAVÍA INCOMODA

A 50 años del golpe, una deuda pendiente con la verdad histórica

24 de marzo de 2026

 

"En Argentina, el 24 de marzo se conmemora con solemnidad. Pero hay una pregunta que nadie se atreve a responder: ¿qué gobierno derrocó la dictadura? ¿Por qué el nombre de Isabel Perón sigue siendo un tabú?"

 

 

Hay una fecha que el calendario político argentino conmemora con solemnidad, con actos, con discursos, con silencios cargados de significado. El 24 de marzo de 1976. Cincuenta años del golpe cívico-militar más brutal de la historia argentina. Y está bien que así sea. Lo que no está bien, es conmemorar ese golpe sin hablar del gobierno que derrocó. Sin hablar de ella. Sin hablar de María Estela Martínez de Perón.

Porque resulta que en Argentina es posible pasar horas analizando la dictadura sin nombrar una sola vez a la presidenta constitucional que fue arrestada en la madrugada del 24 de marzo, trasladada en helicóptero, recluida durante más de cinco años sin condena firme, y borrada metódicamente de la memoria colectiva. No por los militares solamente, que ya bastante hicieron. Sino por la democracia que vino después. Y, en muchos casos, por el propio peronismo.

Ese silencio no es un olvido. Es una operación.

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El clima de época: gobernar en un campo minado

Para entender lo que fue el gobierno de Isabel Perón hay que hacer el esfuerzo (cada vez más difícil en una época que prefiere los relatos simples) de meterse en el clima de aquellos años. No con nostalgia. Con honestidad.

¿Cómo se gobierna un país donde la izquierda armada declara que el presidente es un "obstáculo" y la derecha económica sabotea la economía? ¿Cómo se sostiene una democracia cuando los medios, los empresarios y hasta sectores de la guerrilla apuestan por su colapso? Isabel Perón lo intentó durante 21 meses. Y pagó el precio.

Argentina en 1974 era un país en guerra consigo mismo. Una guerra que no se declaró formalmente pero que se libraba todos los días en las calles, en las fábricas, en los cuarteles, en los pasillos del poder. El ERP atacaba guarniciones militares. Montoneros, que dos meses antes de la muerte de Perón había ejecutado al secretario general de la CGT José Ignacio Rucci frente a sus trece guardaespaldas, tenía un plan explícito: construir un ejército de 20.000 hombres para llegar a lo que su conducción llamaba, con frialdad técnica, 'el momento de fractura'. No era una metáfora. Era un programa.

Lo dijo Mario Firmenich en noviembre de 1973, ante cuadros medios de la organización, con una claridad que sus apologistas prefieren ignorar hasta hoy: la contradicción con Perón era 'insalvable'. El proyecto era el socialismo. Perón era un obstáculo. La ideología justicialista, en sus propias palabras, 'un proceso de transición'. Mientras tanto, en público, la tapa de su revista proclamaba en letras catástrofe: 'Aquí manda Perón'. El doble discurso no era un detalle: era la estrategia.

Perón murió en julio de 1974. Y el obstáculo, desde entonces, fue Isabel. Lo que siguió fue un doble cerco: por un lado, la violencia de las organizaciones armadas que, habiendo perdido el apoyo popular que alguna vez tuvieron, apostaron a la escalada. Por el otro, los sectores militares, económicos y mediáticos que esperaban con calculada paciencia que ese colapso llegara. Dos fuerzas que se necesitaban mutuamente para justificar lo que ambas querían: el fin del gobierno constitucional.

En ese campo minado gobernó Isabel Perón durante 21 meses.

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El tablero geopolítico: lo que venía de afuera

El gobierno de Isabel no cayó en un vacío. Cayó en plena Guerra Fría, con una doctrina de seguridad nacional exportada desde Washington que consideraba cualquier proceso de soberanía económica en América Latina como una amenaza a contener. Chile 1973 era muy reciente. Henry Kissinger había dejado en claro que los gobiernos que nacionalizaban recursos, controlaban medios de comunicación y resistían el capital financiero internacional no serían tolerados.

No es casualidad que el armamento interceptado por el gobierno de Isabel en los meses previos al golpe llegara desde Gran Bretaña: 160.000 proyectiles consignados a la embajada británica, toneladas de armas descubiertas en un avión de British Caledonian, contrabando de ametralladoras Stirling. Las potencias que después aplaudieron la 'estabilización' argentina tenían intereses concretos en el resultado. Un gobierno que expulsaba al embajador inglés por Malvinas, que cañoneaba naves británicas en aguas argentinas y que bloqueaba la entrega de recursos estratégicos a empresas transnacionales, era incompatible con el orden que Washington y Londres querían para la región.

La dictadura que vino no fue solo un golpe militar argentino. Fue la expresión local de un proyecto continental que incluía asesoramiento, financiamiento y respaldo político desde el exterior. Entender el 24 de marzo sin esa dimensión es entender solo una parte de lo que ocurrió.

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Las debilidades reales: lo que no se puede negar

La honestidad intelectual obliga a decirlo sin rodeos: el gobierno de Isabel tuvo debilidades serias, y negarlas sería caer en el mismo vicio de los que ocultan sus logros.

La más grave, y la que más daño hizo, fue José López Rega. El ministro de Bienestar Social, secretario privado de Perón durante el exilio, hombre de confianza de Isabel, fue una figura nefasta cuya influencia sobre la presidenta distorsionó decisiones, alimentó la paranoia institucional y tuvo responsabilidad directa en el accionar de la Triple A, la organización paraestatal que asesinó a decenas de militantes, intelectuales y dirigentes. Isabel tardó demasiado en separarse de él. Cuando lo hizo, en julio de 1975, bajo presión de la CGT y del propio peronismo, el daño ya estaba hecho. López Rega fue el flanco por donde los enemigos del gobierno entraron con más facilidad, y también el argumento más cómodo para quienes querían descalificar todo lo demás.

La segunda debilidad fue la crisis económica. La herencia del Rodrigazo (el brutal ajuste tarifario decretado por el ministro Celestino Rodrigo en junio de 1975) generó la huelga general más importante de la historia argentina contra un gobierno peronista. Isabel quedó atrapada entre la necesidad de estabilizar una economía golpeada por la crisis internacional del petróleo, la puja distributiva que el Pacto Social ya no podía contener, y las presiones de sectores empresariales que jugaban deliberadamente contra el gobierno, desabasteciendo, remarcando precios y fugando capitales para acelerar el colapso. No fue solo una crisis: fue en parte una crisis fabricada por quienes después aplaudieron el golpe.

La tercera debilidad fue la soledad institucional. Isabel gobernó sin un aparato político a la altura de las circunstancias. El peronismo estaba fracturado: la derecha conspiraba, la izquierda la atacaba, los sindicalistas negociaban por sus propios intereses, los gobernadores miraban para el costado. En el Congreso, la oposición radicalizó su posición a medida que el golpe se acercaba, como si el sistema político hubiera decidido colectivamente que la salida institucional no valía la pena defender. La democracia argentina fue al golpe de 1976 sin que casi nadie levantara una sola voz para impedirlo. Esa complicidad civil es otro capítulo que la memoria oficial prefiere no abrir.

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Los aciertos: lo que nadie quiere recordar

En esos mismos 21 meses, con ese nivel de asedio, el gobierno de Isabel Perón ejecutó un programa de soberanía nacional que no tiene parangón en la historia democrática reciente del país.

Nacionalizó los canales de televisión 9, 11 y 13. Incorporó al patrimonio nacional 36 radioemisoras y el Canal 7. Estatizó los depósitos bancarios. Bloqueó el negociado que entregaba la producción siderúrgica argentina a Brasil por 50 años. Anuló contratos de la ITT y Siemens por sobrecostos fraudulentos cobrados a ENTEL. Sancionó la Ley de Contrato de Trabajo (la 20.744) que seguía siendo hasta hace muy poco el instrumento central de protección laboral en la Argentina. Creó el Sistema Nacional Integrado de Salud. Decretó el arresto del directorio de Bunge y Born por financiamiento a la guerrilla.

No contrajo deuda externa. Ese dato, que debería estar en todos los análisis sobre el endeudamiento argentino, brilla por su ausencia en la mayoría de ellos. La deuda al inicio del gobierno peronista en 1973 era de 5.189 millones de dólares. Al 24 de marzo de 1976 era exactamente la misma cifra, con los intereses pagados. Lo que vino después: Martínez de Hoz, el endeudamiento exponencial, la estatización de deuda privada,  fue la demostración a contrario de lo que ese gobierno había evitado.

Interceptó cargamentos de armas enviados desde Gran Bretaña a las organizaciones guerrilleras. Expulsó al embajador británico por la negativa unilateral del Reino Unido a negociar sobre Malvinas. Ordenó el cañoneo de una nave inglesa en aguas argentinas en febrero de 1976. Realizó una reunión de gabinete en la Antártida para dejar constancia soberana ante el mundo de que ese territorio era argentino.

Un gobierno que en menos de dos años nacionalizó los medios, estatizó los depósitos bancarios y bloqueó la entrega de recursos estratégicos a transnacionales. Que no contrajo deuda externa (algo que ningún gobierno posterior logró) y que resistió presiones de potencias extranjeras. ¿Por qué estos hechos brillan por su ausencia en los discursos del 24 de marzo? ¿Será que la "memoria" también tiene sus tabúes?

Dos meses antes del golpe, Isabel dijo algo que la historia se encargó de validar: "No vienen por mí ni por el gobierno, quieren derrumbar las chimeneas y las fábricas que levantó Perón."

Tenía razón.

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La arquitectura del saqueo: el legado legislativo que nadie desmontó

Hay una dimensión del 24 de marzo que la memoria oficial sistemáticamente evade: la dictadura no solo asesinó personas. Construyó una arquitectura legal diseñada para que la Argentina que venía después no pudiera desandar el camino. Y lo logró.

La ley de entidades financieras de Martínez de Hoz liberalizó el sistema bancario y abrió la puerta a la especulación que destruyó el aparato productivo. La ley de inversiones extranjeras entregó condiciones privilegiadas al capital transnacional. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central subordinó la política monetaria a criterios ajenos al desarrollo nacional. La modificación del Código Procesal Civil y Comercial autorizó la prórroga de jurisdicción en favor de jueces extranjeros; desde entonces, todos los gobiernos argentinos, sin excepción, emitieron deuda bajo legislación de Nueva York o Londres, renunciando a la inmunidad soberana del Estado.

Ningún gobierno democrático desde 1983 se atrevió a desmantelar esa estructura. Algunos la perfeccionaron. Todos la respetaron. Los discursos contra la dictadura se pronuncian cada 24 de marzo con energía y convicción. Las leyes que la dictadura dejó como legado económico siguen vigentes. Esa contradicción es el verdadero índice de hasta dónde llegó la restauración conservadora que el golpe instaló.

Los responsables del endeudamiento externo que condicionó a la Argentina durante medio siglo nunca fueron juzgados. Los deudores privados que socializaron sus pérdidas con la estatización de la deuda privada en 1982 nunca respondieron ante la justicia. Los civiles que integraron el gabinete económico de la dictadura, que elaboraron ese plan y lo ejecutaron, siguieron haciendo carrera. Algunos con reconocimiento público.

Los mismos que hoy conmemoran el horror del golpe callan ante un dato escalofriante: las leyes económicas de la dictadura siguen vigentes. Ningún gobierno democrático las derogó. ¿No es curioso que los discursos contra el terrorismo de Estado no mencionen el terrorismo económico que nos condenó a medio siglo de endeudamiento? La dictadura no solo mató. Nos dejó un país diseñado para no salir de la dependencia. Y eso, al parecer, a nadie le incomoda lo suficiente.

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Por qué incomoda al peronismo

Aquí está la paradoja que nadie quiere resolver en voz alta.

El peronismo tiene una deuda pendiente con Isabel Perón. Nos llenamos la boca hablando de lealtad, pero borramos de la historia a la única mujer que gobernó en nombre de Perón. Nos indignamos con los traidores de los 70, pero cerramos los ojos ante quienes traicionaron a su propio gobierno. ¿O acaso la lealtad es solo un eslogan? La pregunta duele porque la respuesta también: si reivindicamos a Isabel, tendríamos que admitir que Montoneros atacó a un gobierno peronista. Que la izquierda armada apostó al colapso institucional. Que la complicidad civil con el golpe no fue solo de la derecha. Y eso, para ciertos relatos, es demasiado incómodo.

Porque reivindicar a Isabel Perón implica responder preguntas muy incómodas. ¿Qué hacía Montoneros atacando a un gobierno peronista democráticamente electo? ¿Qué responsabilidad tuvo la conducción de esa organización en la desestabilización del único gobierno popular que el país tenía? ¿Por qué Firmenich reconocía en privado, en noviembre de 1973, que la 'contradicción con Perón era insalvable' mientras proclamaba públicamente lealtad al movimiento? ¿Por qué cuando llegó el 'momento de fractura' que habían calculado con precisión militar, la cúpula montonera se 'replegó' al exterior mientras la represión caía sobre miles de personas que no tenían nada que ver con ese proyecto?

Esas preguntas no invalidan el horror de la dictadura. No relativizan un solo crimen de la represión. Pero sí obligan a una lectura más compleja de los años que precedieron al golpe. Y esa complejidad es demasiado costosa para ciertos relatos.

Hay también una dimensión que el feminismo hegemónico argentino prefiere no ver: Isabel fue la primera mujer presidenta del mundo. No de América Latina. Del mundo. Asumió sin haberlo buscado, en las peores condiciones imaginables, tras la muerte de su marido. Fue presa durante más de cinco años, más que cualquier otro funcionario constitucional en la historia argentina. Nunca se victimizó. Nunca negoció su silencio por comodidad. Y sin embargo no tiene busto en el Salón de Honor de la Casa Rosada, a pesar de que existe un decreto y una ley que obligan a colocarlo. Eso también es una forma de violencia política.

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¿Qué hubiera pasado si la democracia no se interrumpía?

La pregunta es legítima y no tiene respuesta segura. Pero tiene indicios suficientes para no esquivarla.

Un gobierno que en 21 meses había nacionalizado los medios de comunicación, los depósitos bancarios y bloqueado múltiples negociados entreguistas, que había sancionado la Ley de Contrato de Trabajo y el Sistema Nacional de Salud, que mantenía la deuda externa sin crecer y que resistía las presiones del capital transnacional, ese gobierno, de haber completado su mandato y convocado a elecciones en 1977, hubiera entregado una Argentina estructuralmente distinta a la que recibió la dictadura.

No hay motivos para suponer que los problemas de violencia política se hubieran resuelto solos. La amenaza de las organizaciones armadas era real y hubiera requerido respuestas institucionales. La crisis económica era grave y hubiera exigido decisiones difíciles. Las tensiones dentro del peronismo eran profundas y hubieran generado conflictos. Pero hay una diferencia fundamental entre un país que resuelve sus contradicciones dentro del sistema democrático (por caótico, imperfecto y doloroso que sea ese proceso) y un país que las resuelve con 30.000 desaparecidos, el desmantelamiento del aparato industrial construido en tres décadas, un endeudamiento externo que condicionó todas las decisiones económicas por medio siglo, y una arquitectura legal diseñada para perpetuar la dependencia.

La Argentina sin golpe hubiera tenido sus crisis. Sus fracturas. Sus momentos de debilidad. Pero hubiera tenido algo que la Argentina real no tuvo: la posibilidad de resolver esas crisis desde adentro, sin que el precio lo pagaran los que no tenían ninguna responsabilidad en el conflicto.

La Argentina que pudo haber sido no existe. Pero la Argentina que fue, sí. Y esa Argentina empezó a construirse el 24 de marzo de 1976, cuando se arrestó a una mujer que había gobernado sin contraer deuda, sin entregar los recursos naturales, sin doblar la soberanía ante ninguna potencia extranjera, y que dos meses antes había advertido con precisión lo que estaba por ocurrir.

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La verdad que falta en cada 24 de marzo

Cada año, el 24 de marzo, Argentina recuerda el horror. Y está bien. Nunca hay que dejar de recordarlo.

Pero la memoria que no incluye a Isabel Perón es una memoria mutilada. La que no pregunta qué gobierno fue el que derrocaron es una memoria cómoda. La que condena la dictadura sin analizar quiénes la facilitaron (desde los partidos políticos, desde los grandes medios, desde las organizaciones armadas que apostaron al colapso institucional, desde las potencias extranjeras que lo financiaron y respaldaron) es una memoria que repite el ritual sin buscar la verdad.

Y la memoria que conmemora el 24 de marzo con discursos encendidos mientras ningún gobierno se atreve a derogar las leyes económicas que la dictadura dejó como legado, es una memoria que honra a las víctimas con palabras y las traiciona con hechos.

 

Cada 24 de marzo, recordamos a los 30.000 desaparecidos, a las madres y abuelas que aún buscan a sus seres queridos, a los niños y niñas robados cuya identidad sigue siendo un crimen abierto. 'Memoria, Verdad y Justicia' es un compromiso irrenunciable para que el horror del terrorismo de Estado nunca se repita. Pero la memoria que solo conmemora el crimen y olvida a la víctima institucional: el gobierno democrático de Isabel Perón, es una memoria incompleta. La verdad que no pregunta ¿por qué derrocaron a un gobierno que no contrajo deuda, nacionalizó los medios y defendió la soberanía? es una verdad a medias. Y la justicia que no investiga a los cómplices civiles del golpe (desde los partidos que miraron para otro lado hasta las potencias que lo aplaudieron) es una justicia coja.

Argentina no solo tuvo una dictadura asesina. Tuvo un golpe contra el último intento de construir un país soberano dentro de la democracia. Honrar a las víctimas exige también preguntarnos: ¿qué proyecto político interrumpió el 24 de marzo de 1976? Porque sin esa pregunta, la memoria se convierte en un acto vacío. Y la historia, en una lección que nunca aprendemos."

 

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Fuentes consultadas

Aldo Duzdevich — "Perón es un estorbo para nosotros" (2020)

Iciar Recalde — "En la huella de Evita: Isabel Perón y las mujeres argentinas", Revista Escenarios, marzo 2020

Diego Mazzieri — "María Estela Martínez, por siempre de Perón. Biografía de la lealtad", Ed. Fabro, 2020

Guillermo Nieto — "¿Por qué derrocaron a Isabel Perón el 24 de marzo de 1976?" (Universidad Libre)

Fotografías tomadas de la web, el crédito a sus autores.

Camarda sigue pero el STJ no lo ratificó

 

Camarda sigue en la presidencia del Concejo Deliberante, pero el STJ no lo ratificó: qué dijo realmente el fallo y por qué el conflicto del Concejo está más vivo que nunca

El jueves 20 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió no suspender a Rubén Alberto Camarda como presidente del Concejo Deliberante de Sarmiento. Eso es un hecho. Lo que no es un hecho —y conviene aclararlo— es que el tribunal haya "ratificado" o "validado" su designación. Al contrario: el propio STJ dejó en claro que el fondo del asunto todavía no fue analizado y que el caso seguirá su curso.
Dos medios leyeron la misma resolución y titularon exactamente lo opuesto. Eso ya dice algo. Acá vamos a explicar, con los documentos en la mano, qué pasó, cómo llegamos hasta acá y qué viene después.

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¿Cómo empezó todo esto?

Para entender el fallo hay que retroceder a diciembre de 2025. En la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Sarmiento (CODESA), que comenzó el 9 de diciembre y se extendió hasta el 12, los diez concejales debían elegir a las nuevas autoridades del cuerpo.

La votación para presidente terminó empatada: cinco votos para César Martín Fernández (propuesto por el bloque de Alternativa Vecinal) y cinco para Rubén Camarda (propuesto por Claudia Torres). Ante el empate, Camarda —que presidía la asamblea por ser el concejal de mayor edad— recurrió a un artículo de la Carta Orgánica Municipal que le otorga doble voto al presidente en caso de empate, y se autoproclamó presidente del CODESA por los próximos dos años. Lo mismo ocurrió con la vicepresidencia primera, que quedó en manos de Eloy Antonio Dorado.

El problema, según los cinco concejales que luego presentaron la demanda, es que ese artículo de la Carta Orgánica fue pensado para desempatar en la sanción de ordenanzas, no para elegir autoridades del cuerpo. Para ese caso existe una norma específica en el Reglamento Interno del CODESA: ante un empate en la elección de autoridades, queda consagrado el candidato del partido que haya obtenido más votos en la última elección municipal. Bajo esa regla, la presidencia le hubiera correspondido a Fernández, cuyo partido fue el más votado el 2 de noviembre de 2025.

De esa sesión salieron las Resoluciones N° 35, 36 y 37/2025, que la oposición impugna.

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El primer revés: el Procurador recomendó suspender todo

El expediente llegó primero al Juzgado Contencioso Administrativo de Comodoro Rivadavia, cuyo titular entendió que se trataba de un conflicto interno municipal y que la competencia le correspondía al STJ. Así lo remitió.

En el STJ, antes de que los jueces se pronuncien, interviene el Ministerio Público Fiscal. El Procurador General Marcos Germán Fink emitió su dictamen el 23 de enero de 2026 y fue contundente: recomendó que el caso fuera declarado admisible como conflicto de poderes y que se suspendieran de inmediato los efectos de las designaciones cuestionadas. Su argumento fue que la propia ley que regula estos conflictos establece que, una vez declarada la admisibilidad, la suspensión de los actos en disputa es una consecuencia directa y obligatoria.

Ese fue el "revés" de enero que algunos medios destacaron y otros pasaron por alto.

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El fallo del STJ: qué dice y qué no dice

El 20 de marzo de 2026, el STJ dictó su resolución, firmada por cinco de los seis ministros. El tribunal tomó tres decisiones fundamentales.

Primero, asumió la competencia y confirmó que el caso encuadra como conflicto de poderes según la Constitución Provincial, siendo el STJ el órgano que debe resolverlo.

Segundo, rechazó la medida cautelar que pedía la suspensión inmediata de Camarda y Dorado. Pero la razón es importante: no lo hizo porque las impugnaciones sean infundadas, sino porque suspender un acto estatal requiere demostrar ciertos requisitos en forma urgente —entre ellos, que el derecho reclamado sea verosímil y que la ilegitimidad del acto sea manifiesta. El tribunal explicó que la discusión sobre si el doble voto fue correctamente aplicado, y qué norma prevalece —la Carta Orgánica o el Reglamento Interno—, es demasiado compleja para resolverla en el marco acotado de una cautelar. Requiere un análisis profundo que se hará en el juicio de fondo.

Dicho de otro modo: el STJ no dijo que Camarda tiene razón. Dijo que el asunto no puede resolverse de apuro.

Tercero, ordenó avanzar con el juicio. Corrió traslado al Concejo Deliberante y a los concejales Camarda y Dorado para que contesten la demanda, se presenten ante el tribunal y ofrezcan prueba. También dispuso recaratular el expediente, que ahora se llama oficialmente "Fernández, César Martín y Otros c/ Municipalidad de Sarmiento (Concejo Deliberante) s/ Conflicto de Poderes".

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El costo real de la parálisis: el presupuesto 2026 sigue sin aprobarse

Mientras el conflicto político y judicial se prolonga, Sarmiento acumula consecuencias concretas.

El presupuesto municipal 2026 fue presentado antes del recambio de concejales, pero nunca llegó a ser tratado ni aprobado. Sin esa herramienta, el municipio no puede planificar ni ejecutar con normalidad su actividad financiera del año. Es el instrumento que autoriza los gastos, define las prioridades de inversión y da marco legal a la administración del dinero público. Que el Concejo no lo haya sancionado no es un trámite menor: es la base sobre la que se sostiene toda la gestión municipal.

A eso se suma lo que el propio Ejecutivo municipal advirtió en el expediente judicial: la ordenanza tarifaria 2026 tampoco fue aprobada, lo que dejó frenada la capacidad del municipio para recaudar. Esa situación pone en riesgo el pago de salarios del personal municipal, la renovación de contratos y la continuidad de los servicios públicos esenciales. En lo cotidiano, los vecinos no pueden cancelar sus obligaciones tributarias ni acceder a los descuentos por pago anticipado. Tampoco se pueden tramitar habilitaciones comerciales, libretas sanitarias, carnets de manipulación de alimentos, licencias de conducir ni análisis de triquina, entre otros trámites.

El Ejecutivo fue claro en su presentación: este daño no es político ni transitorio. Es institucional, financiero y funcional, y no podrá repararse del todo aunque el Concejo finalmente sesione.

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¿Qué queda pendiente entonces?

El núcleo del conflicto —si el doble voto puede aplicarse a la elección de autoridades del CODESA, o si corresponde aplicar el Reglamento Interno— no fue resuelto. El STJ lo dijo explícitamente: esa discusión requiere un análisis pormenorizado que todavía está por delante.

Camarda sigue como presidente por ahora, porque los actos estatales se presumen legítimos mientras no sean anulados por la justicia. Pero la discusión sobre cómo llegó a ese cargo está más abierta que nunca. Las partes deberán presentarse, contestar y ofrecer prueba. Después vendrá la sentencia definitiva.

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En resumen

¿Camarda sigue como presidente?	Sí, por ahora.
¿El STJ ratificó su designación?	No. Rechazó la cautelar, pero no analizó el fondo.
¿El Procurador estuvo de acuerdo con el STJ?	No. Recomendó suspender todo en enero.
¿El presupuesto 2026 fue aprobado?	No. Fue presentado antes del recambio y sigue sin tratarse.
¿El caso terminó?	No. El STJ pidió respuestas y pruebas. Hay sentencia de fondo por venir.

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