El proyecto que pone en riesgo al cuartel diciendo que protege a los bomberos
Un proyecto de ley en el Senado propone crear un sistema de beneficios sociales para los bomberos voluntarios. La iniciativa tiene un propósito justo, pero su financiamiento genera una alarma que el texto mismo contradice.
Hay algo profundamente simbólico en que una de las instituciones más queridas de la Argentina esté en el centro de un debate legislativo que pocos conocen. Los bomberos voluntarios —más de 90.000 personas distribuidas en alrededor de 1.000 cuarteles a lo largo del país— sostienen desde hace décadas una red de protección civil que el Estado nunca podría reemplazar sin un costo enorme. Un proyecto de ley presentado este año por la senadora María F. López propone modernizar el marco legal que los regula. La intención es noble. Los números, sin embargo, merecen una mirada más atenta.
Qué dice el proyecto
El texto —identificado como S-0715/2026— propone derogar la Ley 25.054, vigente desde 1998, y reemplazarla por una norma que incluye un Régimen de Protección Integral del Bombero Voluntario. Los beneficios son concretos y, hay que decirlo, muy necesarios: transporte gratuito en todo el país, exención del Impuesto a las Ganancias, cobertura garantizada por accidentes o fallecimiento en servicio, gratuidad en trámites administrativos y una pensión vitalicia para quienes queden con incapacidad total. Durante años los bomberos arriesgaron su vida sin una red de protección digna. Eso es un déficit real y el proyecto lo ataca de frente.
El problema no está en los beneficios. Está en cómo se pagan.
La aritmética del conflicto
El sistema se financia principalmente con el 5 por mil que las aseguradoras aportan obligatoriamente sobre las primas de seguros —con excepción de vida—. Ese dinero hoy se distribuye de una manera; el proyecto lo redistribuye de otra, y la diferencia es sustancial.
Bajo la ley vigente, el 78% de ese fondo va directamente a los cuarteles —las asociaciones de primer grado— para combustible, mantenimiento de autobombas, equipos de protección personal y capacitación. El proyecto reduce ese porcentaje al 39% y destina el 50% restante a financiar el nuevo Régimen de Protección.
En términos simples: la mitad del dinero que hoy llega al cuartel para que la autobomba salga a una emergencia pasaría a administrarse centralmente para pagar seguros y pensiones.
El proyecto agrega dos fuentes nuevas —el 0,5% del presupuesto del Ministerio de Seguridad y donaciones deducibles de Ganancias— pero no especifica montos concretos ni garantías mínimas. Son fuentes reales pero inciertas, especialmente en un contexto de ajuste fiscal y alta presión tributaria.
Las contradicciones del texto
Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la distancia entre sus fundamentos y su articulado. La senadora López escribe que el financiamiento "no debe comprometer el normal funcionamiento operativo del sistema" y que resulta indispensable garantizar equipamiento y capacitación. Esas palabras están en la exposición de motivos. Pero el artículo 14, el que reparte los porcentajes, no las refleja.
Hay además una laguna normativa que pasa desapercibida: la ley vigente establece que el 78% se distribuye "por partes iguales" entre los cuarteles. El proyecto solo dice que el 39% "será distribuido entre las asociaciones de primer grado", sin definir el criterio. Esa ambigüedad, que quedará en manos de la reglamentación del Ejecutivo, puede perjudicar especialmente a los cuarteles más pequeños del interior.
¿Quiénes corren más riesgo?
El impacto no sería uniforme. Los cuarteles de grandes ciudades —Buenos Aires, Córdoba, Rosario— tienen mayor capacidad para compensar el recorte con aportes municipales, empresas locales o socios protectores. Los que dependen casi exclusivamente del fondo nacional son los cuarteles rurales, los patagónicos, los de zonas de baja densidad económica. Son los mismos que atienden las emergencias más aisladas, con mayores distancias y menores recursos alternativos.
Un cuartel que hoy renueva una autobomba cada ocho años, con la mitad del financiamiento, podría tardar el doble. Y las autobombas tienen una vida útil.
El punto justo en el medio
El debate no debería ser "protección social para los bomberos sí o no". Esa es una discusión saldada: la necesitan y la merecen. La pregunta real es si esa protección debe financiarse recortando a la mitad los recursos que mantienen vivo al sistema.
Ningún país con un sistema de bomberos voluntarios consolidado —Chile, España, Canadá— financia los seguros y pensiones de sus voluntarios sacando el dinero del presupuesto operativo de los cuarteles. Lo hace con fondos separados, complementarios.
Argentina puede hacer lo mismo. Pero para eso el proyecto necesita una modificación de fondo en su artículo más importante: el 14.
El Proyecto S-0715/2026 está en estado de versión preliminar, sujeto a corrección antes de su tratamiento definitivo en el Senado.
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