La ley que le regala el país: lo que el Gobierno llama "propiedad privada" y lo que realmente hace
EL DESLOME WEB Abril de 2026
El Poder Ejecutivo envió al Senado el proyecto denominado "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" (Expediente PE-13/2026, Mensaje N° 22/26). Federico Sturzenegger lo presentó el 9 de abril ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El nombre suena a defensa de los ciudadanos. La letra chica dice otra cosa.
No es una ley. Es un desguace.
En un solo paquete normativo, el Gobierno modifica simultáneamente la Ley de Expropiaciones (21.499), la Ley de Tierras Rurales (26.737), la Ley de Manejo del Fuego (26.815) y la Ley de Integración Socio Urbana de Barrios Populares (27.453). Cuatro leyes. Una sola dirección: menos Estado, menos protección, más mercado. Y en muchos casos, más mercado extranjero.
Quién puede comprar Argentina
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía un límite claro: los extranjeros no podían poseer más del 15% del territorio nacional, provincial ni municipal. Había topes por nacionalidad, límites de superficie por titular y controles para evitar que sociedades locales encubrieran capitales foráneos. No era perfecta, pero ponía un freno.
El proyecto de Sturzenegger deroga gran parte de sus artículos. A partir de ahora, las restricciones se aplicarían únicamente cuando el comprador sea un Estado extranjero o una entidad directamente vinculada a él. Si es un privado —persona física o sociedad— de cualquier nacionalidad, puede comprar lo que quiera, donde quiera, en la cantidad que le plazca.
El Gobierno lo llama "atracción de inversiones". Los especialistas lo llaman extranjerización. No es lo mismo vender acciones de una empresa que vender suelo patagónico, cuencas hídricas o glaciares. La tierra no se repatria. El agua no cotiza en bolsa.
Sturzenegger calificó la legislación vigente de "flagrantemente inconstitucional" ante el Senado. Lo llamativo es que esa ley estuvo vigente quince años sin que nadie la declarara inconstitucional en sede judicial. La inconstitucionalidad, en este caso, la declara el propio interesado en derogarla.
Quemaron el bosque. Ahora quieren la tierra.
La Ley de Manejo del Fuego, modificada en 2020, prohibía que las tierras devastadas por incendios fueran objeto de loteos, emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias intensivas durante décadas: 60 años en bosques nativos, humedales y áreas protegidas; 30 años en zonas productivas. La lógica era simple: si quemar rinde, se quema más.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego registraba que el 95% de los incendios forestales eran producidos por intervención humana —por imprudencia, especulación productiva o especulación inmobiliaria. La ley buscaba cortarle la rentabilidad a esa especulación.
El proyecto la elimina. Lo hace mientras desde diciembre de 2025, según estimaciones de Greenpeace, ya ardieron más de 64.000 hectáreas solo en la Patagonia. El presupuesto 2026 para manejo del fuego cayó un 71% respecto al año anterior. El fondo específico fue disuelto.
El Gobierno argumenta que los plazos son "desproporcionados" y que afectan el derecho de propiedad. Es verdad que un propietario que perdió su campo en un incendio accidental sufre la restricción. También es verdad que sin esa restricción, quemar un bosque nativo vuelve a ser negocio. El proyecto resuelve el conflicto siempre a favor del mismo lado.
El Estado que no puede recuperar nada
La Ley de Expropiaciones (21.499) permitía al Estado declarar de utilidad pública un bien privado e iniciar un proceso de expropiación con indemnización. Así se construyeron hospitales, escuelas, rutas. Así se recuperó YPF.
El nuevo texto exige que antes de tomar posesión de cualquier bien, el Estado pague la indemnización total, calculada sobre valor de mercado objetivo. Suena justo. El problema es la secuencia: primero pagar, después actuar. En la práctica, eso convierte toda expropiación en una operación imposible para un Estado con restricciones fiscales permanentes.
Además, el proyecto exige demostrar que no existe ninguna alternativa menos lesiva y aplica una interpretación restrictiva del concepto de "utilidad pública". Traducido: el Estado deberá justificar ante la Justicia, con estándares elevados y sin posesión previa, cualquier decisión de recuperar un activo estratégico. El blindaje jurídico que el proyecto construye sobre los bienes privados hace casi irreversibles las privatizaciones que se realicen.
Cinco millones de personas que sobraron
La Ley 27.453 declaraba de interés público la integración socio-urbana de los barrios populares inscriptos en el RENABAP. Suspendía los desalojos durante los procesos de regularización. Promovía escrituración, apertura de calles, acceso a agua, luz y cloacas.
El proyecto la deroga.
Los datos son contundentes: en Argentina hay 6.467 barrios populares donde viven entre cuatro y cinco millones de personas, aproximadamente un millón doscientas mil familias. El 92% no accede a red de agua potable. El 97% carece de cloacas. El 99% no tiene gas natural. Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR), publicado en septiembre de 2025, reveló que quienes viven en esos barrios mueren, en promedio, once años antes que el resto de la población argentina.
El Gobierno argumenta que la ley tuvo "resultados limitados" en casi una década. Es parcialmente cierto: la regularización fue lenta, burocrática, insuficiente. Pero eliminar la herramienta no resuelve el problema. Solo elimina la obligación de resolverlo.
Sin la Ley 27.453, desaparece la suspensión nacional de desalojos en barrios populares. El proyecto además acelera los procesos judiciales de desalojo: incorpora trámites sumarísimos, reduce plazos, habilita lanzamientos en días inhábiles y permite que el oficial de justicia actúe con fuerza pública y cerrajero sin sentencia firme. Cinco millones de personas, en su mayoría sin título de propiedad, quedan expuestas a un sistema judicial más rápido y más duro, sin el paraguas de una ley nacional que los proteja.
El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, presente en el debate del Senado, advirtió sobre el impacto en los sectores más vulnerables y abogó por mantener un rol activo del Estado en la regularización. Fue la voz más incómoda de la jornada.
El nombre como operación política
"Inviolabilidad de la propiedad privada." El título es casi perfecto. Quien se oponga parece estar a favor de violar la propiedad privada. El debate queda enmarcado antes de empezar.
Pero la propiedad que esta ley protege no es la del vecino que teme que le ocupen la casa. Es la del inversor extranjero que quiere comprar campos sin restricciones. Es la del especulador que puede revalorizar tierras quemadas. Es la del privado que adquiere activos sabiendo que el Estado tendrá cada vez menos herramientas para recuperarlos. Es la del propietario que quiere desalojar más rápido y con menos obstáculos.
La propiedad del que vive en una villa —que también es propiedad, que también merece ser inviolable— queda fuera del perímetro.
Lo que el Gobierno llama seguridad jurídica es, en los hechos, una redefinición de quiénes cuentan como sujetos de derecho en la Argentina. No es una reforma técnica. Es una declaración de principios sobre quién importa y quién no.
El proyecto todavía está en comisiones. Todavía hay tiempo de leerlo.
Fuente principal de análisis: IncomodaoK (Instagram, publicación del 16 de abril de 2026). Datos de verificación: Senado de la Nación Argentina — debate del 9 de abril de 2026 (senado.gob.ar); RENABAP/TECHO Argentina — actualización del registro de barrios populares; CISUR — Indicador de Integración y Desarrollo, septiembre de 2025; FARN — análisis presupuesto manejo del fuego 2026; Infobae/EFE — cobertura del envío del proyecto al Congreso, marzo de 2026; Parlamentario — debate en comisiones, abril de 2026.
