6 de mayo de 2026
La crisis educativa vuelve a profundizarse en Chubut y reabre una escena que la provincia conoce demasiado bien: conflictos salariales, suspensión de clases presenciales y una comunidad educativa atrapada entre el deterioro económico y la falta de respuestas estructurales. El escenario no es nuevo, pero tiene algo diferente: esta vez la bronca desbordó a los propios sindicatos.
La paritaria que no cierra
La última audiencia paritaria docente —celebrada este miércoles 6 de mayo en el SUM de Vialidad Provincial en Rawson— volvió a dejar expuesta la distancia entre el discurso oficial y la realidad cotidiana de miles de trabajadores de la educación. El encuentro reunió a los ministros de Educación, José Luis Punta, y de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi, junto a representantes de los gremios SITRAED, UDA, SADOP, ATECH y AMET.
La propuesta presentada por el Gobierno provincial incluye incrementos remunerativos atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC) con seis puntos porcentuales adicionales distribuidos en tres tramos, lo que representaría un aumento acumulado cercano al 15% en el sueldo básico. El Ejecutivo también ofreció actualizar en un 100% el adicional "Recursos Materiales" —equivalente a unos $115.761 por cargo— e incorporarlo al básico para que sea bonificable en futuras actualizaciones. Los gremios acordaron elevar una respuesta este jueves.
Sin embargo, el Gobierno ya recorrió un camino largo y sinuoso para llegar a esta oferta. A principios de año, la propuesta inicial fue de apenas 1% al básico y 5% al ítem profesionalidad para febrero y marzo —tan exigua que desde ATECH la definieron directamente como "una vergüenza"—. En abril, el conflicto escaló hasta que el Gobierno impuso por decreto un aumento de 1,2% al básico —alrededor de $3.000 pesos por docente—, lo que encendió la mecha de la rebelión.
Los gremios insisten en que el problema ya no es solo "acompañar el IPC", sino recuperar años de deterioro salarial acumulado. Y los números los respaldan.
La canasta patagónica contra los números oficiales
El salario garantizado docente ronda los $700.000, mientras que la Canasta Básica Total en distintas ciudades chubutenses supera ampliamente el $1.500.000 mensual. En Comodoro Rivadavia, el Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco registró en abril una canasta básica alimentaria de $1.440.787 y una línea de indigencia de $634.708. Esto significa que un docente ingresante con un solo cargo —que cobra en torno a los $700.000— no alcanza a cruzar la línea de pobreza. Con dos cargos, apenas la supera por poco.
Chubut ocupa el puesto 21 de 23 jurisdicciones en el ranking nacional de salarios docentes y registra el ingreso inicial más bajo de toda la Patagonia, lejos de los más de $1.300.000 que se pagan como salario inicial en provincias como Neuquén o Tierra del Fuego. La brecha con Santa Fe —la provincia mejor paga, con $1.295.950— es descomunal.
Detrás de los porcentajes aparece un dato más profundo: alquileres en aumento, alimentos más caros que el promedio nacional, tarifas elevadas, combustibles altos y costos de calefacción que en el invierno patagónico resultan imposibles de ignorar. Por eso los sindicatos insisten en que los aumentos actuales no representan una recomposición salarial real, sino apenas un intento de evitar una caída todavía mayor del poder adquisitivo. "No alcanza, no recompone y no responde a la realidad actual", sentenciaron gremialistas al salir de la última audiencia de conciliación.
El secretario adjunto de ATECh, Tomás Montenegro, fue categórico: "El salario docente ha quedado muy por debajo de la canasta básica. No podemos aceptar propuestas que sigan profundizando el ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores."
El conflicto que desbordó a los sindicatos
El capítulo más inédito de este conflicto no se escribe en las mesas de negociación: se escribe en las calles.
El 23 de abril, miles de docentes de toda la provincia pararon y marcharon en exigencia de una recomposición salarial. Lo significativo es que lo hicieron a pesar de que ninguno de los cinco sindicatos los cubriera legalmente: horas antes, el Gobierno había dictado la conciliación obligatoria a pedido del propio Ejecutivo, y las conducciones de ATECh, SITRAED, SADOP, AMET y UDA la acataron —ante la amenaza de quita de personerías gremiales y multas— sin resistencia.
Cuando se conoció la noticia del acatamiento sindical, la bronca en los grupos de WhatsApp de docentes autoconvocados explotó. Y al día siguiente pararon igual.
Lo que vino después fue una semana de ruidazos simultáneos en Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Gaiman, Dolavon y decenas de localidades más pequeñas como Cerro Centinela o Corcovado, en la cordillera. El sábado 25 de abril, movilizaciones masivas contaron con la presencia activa de familias enteras, lo que corroboró la amplitud del respaldo social a la protesta. El 28 de abril —"28A"— la docencia autoconvocada marchó junto a estatales, trabajadores de la salud y otros sectores en una jornada que se extendió por toda la provincia.
En las últimas horas, trabajadores autoconvocados viralizaron un afiche que llama abiertamente a una "desafiliación masiva" de los sindicatos, argumentando que sus conducciones "siguen decidiendo sobre el bolsillo de los trabajadores" sin representar verdaderamente sus intereses.
El creciente protagonismo de los autoconvocados expone una fractura dentro del propio movimiento: los gremios, que históricamente fueron los interlocutores naturales entre los trabajadores y el Estado, ahora son vistos por una parte de la base como parte del problema. La pregunta política de fondo ya no es solo cuánto aumenta el salario. Es quién representa realmente el malestar de los trabajadores, y quién termina administrando el conflicto.
Las autoconvocatorias docentes tienen historia en Chubut. Jugaron un papel central en el Chubutazo de 1990, que le costó la gobernación a Néstor Perl, y fueron protagonistas fundamentales en los conflictos de 2018 y 2019 contra el gobierno de Mariano Arcioni. Ahora vuelven con fuerza, y el fantasma del "Chubutazo" ya circula como consigna en las calles de Rawson.
El conflicto ya no es solo docente
A la tensión paritaria docente se suma el conflicto de auxiliares y trabajadores no docentes, también atravesados por reclamos salariales. Sin porteros, personal de limpieza, mantenimiento y cocina, muchas escuelas directamente no pueden funcionar. La consecuencia vuelve a recaer sobre los estudiantes, que empiezan a perder días de clases presenciales en una provincia marcada históricamente por la discontinuidad educativa.
La semana de protestas que sacudió a Chubut en los últimos días incluyó también paro médico convocado por AGREMEDCH, acciones de ATE en Trelew y la Cordillera, movilizaciones de trabajadores ex Ley 1987 y medidas de fuerza de viales, entre otros sectores. El conflicto, que nació en las aulas, se extendió como reguero de pólvora por toda la administración pública provincial.
El Gobierno logró cerrar acuerdos con algunos gremios de la administración pública —ATE, APOC y UPCN—, así como con los trabajadores de la salud representados por ATSA, AGREMEDCh y SISAP, bajo un esquema de 8% sobre el valor móvil del salario básico en tres tramos. Pero el frente docente sigue abierto, y la reunión paritaria de este miércoles 6 de mayo —que coincide con la fecha que la docencia autoconvocada había señalado para una nueva movilización— se convirtió en el centro de todas las miradas.
La virtualidad no resuelve lo que el Estado no garantiza
Cada vez que las clases presenciales se interrumpen reaparece el mismo reflejo: trasladar parte de la actividad educativa a plataformas virtuales. Pero la desigualdad tecnológica en Chubut sigue siendo enorme.
No todos los estudiantes tienen computadora, conectividad estable, datos móviles ni condiciones adecuadas de estudio. Y tampoco todos los docentes cuentan con equipos propios, internet permanente, espacios de trabajo o recursos tecnológicos financiados por el Estado. La educación virtual, lejos de resolver el problema, suele profundizar las desigualdades sociales existentes. En el aglomerado Rawson-Trelew, según el INDEC, casi el 33% de la población era pobre en el segundo semestre de 2025 y la cifra de indigencia rozaba el 6%. Trelew, desde la caída de su histórico parque industrial textil, es, en palabras de analistas locales, "una fábrica de pobres".
La discusión incómoda: los recursos que la provincia resigna
Mientras el Gobierno insiste en que las cuentas provinciales están condicionadas por la caída de ingresos y la recesión nacional, distintos sectores cuestionan desde hace años las prioridades económicas y fiscales de la provincia.
En primer término, el esquema de concesiones petroleras. Pan American Energy (PAE), principal operadora en la Cuenca San Jorge, extendió su dominio sobre Cerro Dragón por 35 años más —con opción a 10 adicionales— tras un convenio ratificado por la Legislatura en abril de 2025. El acuerdo fija regalías del 9% solo para no convencional, con bonos de "reconversión" y "extensión" por casi 90 millones de dólares pagaderos en cuotas. En paralelo, analistas señalan que las regalías petroleras aportarán en 2026 apenas el 20% del presupuesto provincial (629.621 millones de pesos), pese a haber sido históricamente el pilar de las arcas públicas.
En segundo término, la situación de los grandes propietarios rurales. Solo 193 familias concentran 7,25 millones de hectáreas —el 42% de las tierras chubutenses—, según el Censo Agropecuario 2018, y esa concentración creció un 13% en 16 años. Desde 2003, la provincia no cobra el Impuesto Inmobiliario Rural a estos grandes poseedores, dejando millones en deudas morosas. El caso más emblemático es el del grupo Benetton, cuya Compañía de Tierras del Sud Argentino controla 900.000 hectáreas y acumula antecedentes de evasión tributaria desde fines de los años '90.
La recesión nacional impacta directamente sobre el consumo, la actividad económica, la coparticipación y la recaudación. El resultado es una provincia con menos recursos, mayores demandas sociales y conflictos que vuelven a explotar sobre los servicios públicos esenciales. Para docentes y estatales, la pregunta es cada vez más directa: ¿por qué el ajuste siempre cae sobre los mismos?
La educación pública vuelve a pagar la crisis
El escenario empieza a recordar peligrosamente los años más críticos del conflicto educativo chubutense: salarios que pierden frente al costo de vida, negociaciones permanentes, paros, suspensión de clases y estudiantes atrapados en medio de la disputa. La diferencia es que ahora la crisis ocurre después de años de deterioro acumulado, en un contexto social mucho más frágil y con una base docente que ya no espera a que sus representantes sindicales actúen.
La reunión de este miércoles 6 de mayo puede ser una bisagra o una escalada. Los gremios llevan la propuesta oficial a sus bases. Los autoconvocados ya tienen agenda de lucha. Y el Gobierno sabe que, si la oferta vuelve a ser rechazada, la calle tiene la palabra.
Mientras tanto, la pregunta de fondo sigue sin resolverse: ¿puede sostenerse un sistema educativo estable cuando el salario ya no alcanza para vivir en la Patagonia? Por ahora, la respuesta parece escribirse otra vez con aulas vacías.
Fuentes consultadas: Ministerio de Educación del Chubut, Secretaría de Trabajo de la Provincia, SITRAED, ATECh, ATECH, La Nación, Ámbito, Chubutline, El Cohete a la Luna, El Chubut, ADNSUR, Cholilaonline, La Izquierda Diario, Observatorio de Economía UNPSJB.
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