Chubut: el 25% que puede entregar las nacientes del agua
Hoy, martes, a las 16, en el Salón de las Provincias del Senado, Patricia Bullrich anuncia la fórmula con la que el oficialismo espera destrabar, después de diecisiete borradores fracasados, el capítulo más resistido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: la extranjerización de tierras rurales. El jueves 6 el Senado retoma el cuarto intermedio abierto el 16 de julio, cuando esa sesión evitó el rechazo del capítulo por 62 votos contra 3 y una abstención, a condición de postergar la definición.
La fórmula que trascendió no elimina el límite vigente, como pretendía originalmente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Lo sube. Y el modo en que lo sube es lo que convierte a esta ley en un problema específicamente chubutense.
Lo que dice el borrador, literalmente
El texto que circuló entre senadores libertarios y aliados dice, sin margen para la interpretación: prohibida la adquisición de tierras rurales por personas humanas o jurídicas de nacionalidad extranjera "por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia". Nada más. Ninguna mención al nivel departamental.
Eso no es una lectura forzada de la oposición: es la letra del artículo que Bullrich negoció con los bloques dialoguistas para conseguir los votos que hoy todavía no tiene asegurados. La Ley 26.737, vigente desde 2011, fija el 15% como techo simultáneo a nivel nacional, provincial y departamental o municipal. El nuevo borrador solo habla de provincias.
La discrepancia importa porque hay una excepción: LA NACION reportó, citando fuentes legislativas, que el tope regiría a nivel "nacional, provincial y departamental". Es la única fuente que sostiene eso; el resto de los medios que accedieron al articulado —Ámbito, MDZ, Revista Acción, parlamentario.com— citan el mismo texto que omite el departamento. Con diecisiete versiones ya descartadas y una sesión a 48 horas, no puede descartarse que el borrador cambie una vez más antes del jueves. Pero con lo que hay sobre la mesa hasta el cierre de esta nota, el patrón es claro: se sube el número que menos importa y se calla el que más protegía.
Ese vacío tiene, incluso, un nombre en el debate público. Desde el Observatorio de Tierras vienen señalando que el problema real nunca estuvo en el promedio nacional ni provincial —ninguna provincia argentina llega hoy al 15%— sino en unos 36 puntos rojos identificados en el mapa departamental, zonas donde la concentración extranjera ya es alta y donde, sin techo local, se podría vender la cordillera entera o una cuenca completa sin que el promedio provincial se altere. Es exactamente el mecanismo que describe esta nota para Chubut.
Lo que dicen —y lo que callan— los que la escriben
Patricia Bullrich encuadra la reforma como una cuestión de derechos individuales y, en sus propias palabras, como una forma de dejar atrás "la ley que era de Máximo Kirchner" —aunque la norma de 2011 se sancionó en el inicio del segundo mandato de Cristina Kirchner, no de su hijo, un desliz que no es menor viniendo de quien conduce la negociación. Bullrich también sostuvo que las provincias "mantienen facultades para legislar" límites propios, aunque aclaró que no cree que vayan a usarlas. Es una contradicción interna: si la salvaguarda real —la potestad provincial— no se va a ejercer, la reforma pierde el único freno que sus propios negociadores dicen haber preservado.
Federico Sturzenegger, autor original del proyecto, aceptó los cambios "a regañadientes", según trascendió de la reunión que mantuvo con Bullrich. Su posición de partida no contemplaba techo alguno, ni siquiera en zonas de frontera; fue ese punto —la venta de tierra en zonas de seguridad fronteriza— el que generó rechazo incluso entre sectores afines al Gobierno. Sturzenegger llegó a cuestionar la redacción final del artículo, lo que sacudió el apoyo de los bloques aliados apenas días antes de la sesión.
Puertas adentro de La Libertad Avanza la interna fue más lejos: trascendió una discusión por WhatsApp entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Bullrich sobre el tratamiento parlamentario del proyecto, en la que Villarruel habría buscado desalentar a senadores propios de asistir para frustrar el quórum. No es un dato menor para entender por qué la ley lleva cinco intentos fallidos: la resistencia no viene solo de la oposición.
En la oposición dialoguista, el radicalismo tampoco es un bloque homogéneo. El Comité Nacional de la UCR, con Leonel Chiarella, y la Organización de Trabajadores Radicales, con Luis Cerini, plantearon que la venta de territorio nacional pone en riesgo la soberanía, los recursos estratégicos y el agua. Los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut —inmersos además en una disputa política provincial entre el gobernador Hugo Passalacqua y Carlos Rovira— acompañarían el proyecto en general pero rechazarían puntualmente el artículo sobre venta de tierras rurales a extranjeros.
Para el jueves 6, distintas organizaciones sociales, ambientales y sindicales —convocadas también por el Observatorio de Tierras— llaman a movilizarse frente al Congreso y en plazas de todo el país bajo la consigna "Argentina no se vende".
La escala del problema, en números
Según un cálculo de Perfil sobre la ley vigente, con el techo actual del 15% todavía podrían venderse a extranjeros más de 26 millones de hectáreas en todo el país —el equivalente a dos veces la superficie de la provincia de Santa Fe—. Con el nuevo tope del 25%, esa cifra crece en más de un tercio. Y un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales constató que, desde 2017, prácticamente no se tramitaron los pedidos de información que la propia ley exige para monitorear el cumplimiento del límite: el organismo de control que debería frenar los excesos casi no funcionó en los últimos años, con cualquier signo político en el Gobierno.
Sobre ese terreno de control débil se monta ahora la comparación departamental que de verdad importa para Chubut:
| Departamento | Extranjerización estimada | Referencia |
|---|---|---|
| Cushamen | ~22,9% (≈377.875 ha) | Grupo Benetton / CTSA |
| Biedma | ~4,9% (≈64.000 ha) | — |
| Paso de Indios | ~4,2% (≈93.000 ha) | — |
| Promedio provincial (Chubut) | ~3,9–4,3% | RNTR / Observatorio de Tierras |
(Cifras según relevamientos citados en la investigación previa de esta serie; se recomienda contrastarlas con la fuente primaria —RNTR, informe del Observatorio de Tierras CONICET/UBA— antes de publicar, dado que no pudieron verificarse de forma independiente en este chequeo.)
Cushamen ya está, hoy, casi seis veces por encima del promedio provincial. Es la prueba de que el número que importa nunca fue el de la provincia entera, sino el de la unidad territorial más chica. Y es precisamente ese nivel el que el nuevo borrador deja de tocar.
Lo que puede pasar en Río Senguer
El caso Cushamen tiene nombre propio —Benetton— y una historia de casi un siglo y medio, desde la Conquista del Desierto y la fundación de la Compañía de Tierras del Sud Argentino en 1889 como The Argentine Southern Land Company. Pero el riesgo mayor, el que todavía no tiene un propietario que lo encarne, está en el departamento Río Senguer, donde nacen los lagos Fontana y La Plata: el origen del río Senguer, la principal fuente de agua del sur de Chubut, de la que dependen Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia.
La ley de 2011 prohibía a extranjeros adquirir inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua permanentes de envergadura. Esa protección específica se diluye en la nueva redacción. Sin tope departamental, un comprador —argentino o extranjero, porque el problema de la propiedad concentrada no distingue nacionalidad una vez que el control del acceso está en juego— podría reunir grandes extensiones alrededor de Fontana y La Plata sin que el promedio provincial del 25% se altere en lo más mínimo.
El antecedente ya existe y no es hipotético. En marzo de 2026, en la Ruta Provincial 12 cerca de Gualjaina, la propietaria de un campo llamado La Cancha instaló una tranquera metálica sobre el asfalto de un camino pavimentado con fondos públicos entre 2005 y 2009. La Administración de Vialidad Provincial le dio la razón: el Estado nunca completó el proceso de expropiación, así que el suelo bajo la ruta sigue siendo privado. Un particular pudo restringir el paso invocando, precisamente, la inviolabilidad de la propiedad que ahora se busca elevar a principio general.
Multiplicado por más superficie en manos concentradas, ese mecanismo deja de ser una anécdota rural y se convierte en una herramienta: cierre de caminos vecinales, control de accesos a costas de lagos y tomas de agua, restricción de paso a comunidades mapuche, criollas o vecinales que hoy usan esos caminos como si fueran públicos porque, en los hechos, siempre lo fueron.
La pregunta que queda
El 25% provincial suena a concesión moderada. En los hechos, es un número que no protege nada de lo que hoy está en riesgo en Chubut, porque el riesgo nunca estuvo distribuido de manera pareja en el territorio: está concentrado en Cushamen, y puede empezar a concentrarse en Río Senguer. El proyecto que Bullrich anuncia hoy no cierra esa puerta. Según la letra que se conoce hasta el momento, la deja más abierta que nunca, aunque el número que se discute públicamente diga lo contrario.
La pregunta que importa no es si habrá más compra de tierras después del jueves. Es quién va a controlar, dentro de unos años, el acceso a las nacientes del Senguer —y si, para entonces, todavía va a ser un asunto público del que el Estado pueda ocuparse, o un asunto privado resuelto con una tranquera.
Nota: los porcentajes de extranjerización por departamento (Cushamen, Biedma, Paso de Indios) provienen de relevamientos citados en la investigación previa de esta serie y no pudieron re-verificarse de forma independiente en este chequeo puntual. Se recomienda citar la fuente primaria exacta (RNTR, año del informe, y/o el Observatorio de Tierras CONICET/UBA) antes de la publicación final. El dato sobre los "36 puntos rojos" departamentales corresponde a una estimación difundida en redes por una cuenta vinculada al Observatorio de Tierras, citada por un medio digital (Nota al Pie); se recomienda buscar la fuente primaria del organismo antes de darla como dato cerrado.
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