La emergencia hídrica el Proyecto 086/26 presentado por el ejecutivo provincial y que fue aprobado en Diputados

La emergencia no es solo el clima

El 31 de julio de 2026 el Poder Ejecutivo de Chubut remitió a la Legislatura el Proyecto de Ley N° 086/26, que declara la emergencia hídrica en todo el territorio provincial por el término de un año. El documento se apoya en una exposición de motivos hidrológica: para la cuenca del río Chubut, describe una "creciente vulnerabilidad del sistema hídrico" asociada a variabilidad climática, cambios en los regímenes de precipitaciones y degradación ambiental; para la cuenca del Senguer usa una fórmula equivalente, "creciente vulnerabilidad hídrica", pero agrega un elemento que no aparece en el caso del Chubut: la "presión ejercida por los distintos usos del recurso".

Esa mención no es un detalle retórico. Es el propio Ejecutivo el que incorpora la utilización del agua, y no solo su disminución natural, como factor de vulnerabilidad de la cuenca del Senguer. A partir de esa grieta abierta por el propio texto oficial, la emergencia de 2026 no puede leerse únicamente como una consecuencia del clima: exige preguntar también cómo se administra, se distribuye y se usa el agua que todavía queda.

El dato hidrológico: una advertencia y una asimetría

Los registros que sostienen el proyecto provienen del Sistema Nacional de Información Hídrica, pero con una salvedad que el propio documento explicita: los datos oficiales de caudal solo llegan hasta abril de 2024. Lo que sigue —buena parte de 2024 y todo 2025— surge de una calibración altura-caudal (H-Q), que el proyecto mismo describe como una estimación aproximada, con incertidumbre por no usarse las curvas de calibración oficiales. Cualquier lectura posterior de esas cifras debe conservar esa cautela.

Con esa salvedad, la cuenca del Chubut muestra déficits crecientes en las cuatro estaciones medidas entre 2024 y 2025 (El Maitén, Río Gualjaina, Paso del Sapo y Los Altares, esta última con el déficit porcentual más alto), y el Embalse Florentino Ameghino registró entre octubre de 2025 y abril de 2026 un balance neto negativo de 411,02 Hm³.

En el Senguer aparece un dato distinto. En la estación Nacimiento, ubicada en la cabecera, el déficit mejora de manera significativa entre 2024 (–32,21 %) y 2025 (–15,24 %). En Los Molinos, la estación situada —según describe el propio proyecto— "previa al ingreso del recurso al valle irrigado de Sarmiento", el déficit se mantiene prácticamente estable: –42,09 % en 2024 y –42,69 % en 2025.

La mejora relativa que se observa en la cabecera no se traslada de manera equivalente a la estación baja. El proyecto no ofrece un balance hídrico del tramo entre ambas estaciones, de modo que no es posible atribuir esa diferencia a un factor único: intervienen aportes de tributarios, evaporación, infiltración y almacenamiento, además de las captaciones. Lo que sí puede afirmarse con los datos disponibles es más acotado pero igual de relevante: la condición hidrológica medida en la cabecera no se transmite linealmente hasta la cuenca baja, antes del valle de Sarmiento.

Esa asimetría es la que empuja el análisis hacia la estructura de uso del agua en ese tramo.

Una herramienta de un año para un diagnóstico que se describe como estructural

El propio diagnóstico del Ejecutivo enumera aridización, degradación ambiental, presión de los usos y desafíos de "gestión sostenible" frente a "escenarios climáticos actuales y futuros". La respuesta jurídica que ofrece el proyecto, en cambio, es una emergencia de doce meses, articulada sobre los artículos 35 a 40 de la Ley XVII N° 88.

No hay una contradicción automática entre ambos planos, pero sí una tensión objetiva. El articulado autoriza al IPA y a la Secretaría de Infraestructura a acciones urgentes y contrataciones directas, promueve el uso de agua subterránea para compensar el déficit superficial, faculta al IPA a priorizar usos conforme al artículo 42 de la Ley XVII N° 53, y habilita al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias. Es una herramienta orientada principalmente a la oferta —obras, captaciones, perforaciones— y a la priorización administrativa. No establece cupos, auditoría de consumos reales ni una revisión general de las asignaciones existentes.

Cómo está estructurado el uso del agua en la cuenca

Antes de llegar al valle irrigado de Sarmiento, el Senguer recorre una cuenca que involucra a dos provincias. En el tramo conocido como "codo del Senguer" el río ingresa brevemente en territorio de Santa Cruz y regresa después a Chubut. Existe, desde 2006, un Organismo Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Senguer integrado por ambas provincias y el Estado Nacional, con la misión de administrar, controlar y preservar el recurso compartido. Las facultades de priorización que el artículo 4 del proyecto otorga al IPA de Chubut encuentran ahí un límite: cualquier restricción de tomas o de caudal ecológico en el tramo compartido requiere coordinación interprovincial, y el funcionamiento de ese organismo ha sido, históricamente, intermitente. La emergencia provincial no lo reemplaza ni lo activa por sí sola.

Antes de desembocar en el Lago Musters, el río se bifurca. El cauce principal alimenta el Musters; un brazo natural, el Falso Senguer, deriva agua hacia el Lago Colhué Huapi, hoy en gran medida seco. En años de crecida, ese brazo funciona como una válvula que termina evaporando el excedente en el Colhué Huapi. En años de escasez, el aporte debería priorizarse hacia el Musters, pero las tomas de la cuenca alta y media compiten por el caudal antes de que el río llegue al punto de bifurcación. El proyecto no analiza este mecanismo, aunque condiciona cuánta agua llega finalmente al embalse natural del que depende el sistema de acueductos.

Ese embalse no es un dato menor: del Lago Musters se abastece de agua potable a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento y Caleta Olivia, entre 300.000 y 400.000 personas según las estimaciones habituales de la región. El Colhué Huapi es el antecedente más claro de lo que ocurre cuando se combinan menor aporte de cuenca, derivaciones no controladas, pérdidas elevadas en conducción y ausencia de regulación efectiva: durante décadas redujo su superficie hasta convertirse, buena parte del año, en un lecho seco generador de tormentas de polvo. El mecanismo que lo secó es, según este material, el mismo que hoy opera sobre el Musters.

Los permisos del IPA: cuánto se autorizó y en cuántas manos

El listado oficial de permisos del Instituto Provincial del Agua, con corte a febrero de 2026, registra 34 permisos vigentes de uso agrícola y/o pecuario en la cuenca del Senguer. El volumen agrícola consignado en esos permisos asciende a 104.528.592 m³ por año, aproximadamente 104,5 Hm³ anuales.

Esa cifra no equivale al agua que se extrae efectivamente cada año: es el volumen autorizado, no el consumo real. La distinción es metodológicamente indispensable y no puede pasarse por alto en ningún sentido —ni para inflar el problema ni para minimizarlo—, aunque tampoco puede ignorarse al analizar una cuenca con caudal decreciente que el propio Estado declaró en emergencia.

Lo que sí muestra el padrón, sin necesidad de saber cuánto se extrae realmente, es la concentración: tres permisos reúnen el 78,6 % del volumen agrícola autorizado (30,6 %, 26,6 % y 21,4 % respectivamente, un total de 82,17 millones de m³ anuales), mientras los 31 permisos restantes se reparten el 21,4 % que queda. No se trata de una multiplicidad de usuarios repartidos de manera más o menos pareja: una parte muy significativa del volumen formalmente autorizado está en muy pocas manos. Identificar a los titulares es posible a partir del listado público del IPA; para este análisis, lo relevante es la magnitud y la concentración, no los nombres.

Esa estructura de permisos es, en los términos del propio proyecto, la base sobre la que el IPA deberá decidir a quién priorizar cuando el agua escasea.

Las pérdidas: por qué la conducción importa tanto como el caudal

El IPA utilizó de manera reiterada, en intervenciones ante el Comité de Cuenca del Senguer, una categoría técnica propia: "pérdidas intolerables". La describe para canales que captan agua desde la planicie de inundación del río —no desde una toma regulada en el cauce principal—, atraviesan mesetas de altísima permeabilidad y, en muchos casos, solo sirven para dar de beber a la hacienda o para "enmallinar" pequeñas superficies. El propio organismo señaló que ya no otorga permisos para este tipo de canales, justamente por la magnitud de esas pérdidas.

La eficiencia de conducción se calcula como el caudal que llega a destino sobre el caudal que sale de la toma. Según parámetros técnicos que el propio IPA ha manejado, un canal revestido con control alcanza entre 85 % y 90 % de eficiencia; uno de tierra corto y bien mantenido, entre 60 % y 70 %; uno de tierra largo, sin revestimiento, en suelo de alta permeabilidad, puede caer a 30-40 % o menos. Por debajo del 50 %, cuando el destino no es riego sistematizado de alto valor, la pérdida se vuelve sistémicamente costosa: el agua que se infiltra en las mesetas de rodados patagónicos no vuelve al río, pasa a acuíferos profundos o se evapora.

Geográficamente, buena parte de los permisos pecuarios con escasa o nula superficie agrícola declarada se concentra en Alto Río Senguer y Aldea Apeleg, zonas que coinciden con los tramos de canales que el IPA calificó de pérdidas intolerables. En Sarmiento predominan permisos con superficie agrícola declarada, aunque también hay casos de baja eficiencia por riego de inundación de campo bruto, que genera bañados y juncales. El propio organismo llegó a hablar de unas 500 tomas históricas en la cuenca alta y media, de las cuales solo una fracción estaba formalmente autorizada, muchas sin compuertas ni medición y en uso durante todo el año, tal lo declarado en el 2016.

Dos perfiles de permiso resultan particularmente sensibles a este problema: los pecuarios con dotaciones muy bajas por animal frente a grandes cantidades de cabezas —lo que obliga a derivar más caudal del declarado o a aceptar pérdidas mayores en el trayecto— y los agrícolas de pequeña superficie con consumos unitarios de 20.000 a 25.000 m³ por hectárea anual, típicos de sistemas de inundación poco eficientes y no de riego tecnificado.

El proyecto no ofrece un balance hídrico que permita atribuir cuantitativamente a estas pérdidas la diferencia observada entre Nacimiento y Los Molinos. Pero sí puede afirmarse, con documentos oficiales, que el Estado había identificado el problema de eficiencia de conducción años antes de la emergencia, que la estructura de permisos vigentes incluye usos localizados exactamente en las zonas críticas, y que la emergencia habilita priorizar usos y promover agua subterránea sin resolver por sí sola el problema de las pérdidas.

Una crisis anunciada: lo que el Estado ya sabía entre 2022 y 2025

La emergencia de agosto de 2026 no aparece en un vacío de información. En 2022 el IPA y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco iniciaron un diagnóstico integral de la crisis hídrica del Senguer, con entrega de equipamiento y capacitación para campañas de aforo en Alto Río Senguer. La premisa de partida era elemental: sin medición sistemática de cuánto se extrae en cada toma y cuánto llega a destino, ninguna política de priorización puede ser completa.

Ese mismo año se licitó el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos de la cuenca (2022-2030), con un presupuesto de 160 millones de pesos, adjudicado a HCA Consultora S.R.L. y EVARSA bajo supervisión de la Secretaría de Ambiente y el IPA. En junio de 2024 el gobierno provincial informó avances y anunció una red de monitoreo hidroambiental por dos años. En la asamblea de octubre de 2024 del Comité de Cuenca se presentaron el informe de avance del Plan, el estado de la obra de regulación del Lago Fontana, la Resolución 98/24 del IPA y el pronóstico de derrame del Senguer para 2024-2025: es decir, a fines de 2024 el organismo ya contaba con una proyección de oferta hídrica para el ciclo que terminaría en la emergencia de 2026.

En materia normativa, el IPA dictó en 2024 la Resolución 98/24 (requisitos para permisos agrícolas) y la 149/24 (requisitos pecuarios, luego modificada por la 149/2025), que exigen proyecto productivo y justificación de la necesidad de agua. El propio organismo había señalado, ya en inspecciones de 2013 en Arroyo Apeleg y Alto Río Senguer, que un informe integral para el Comité de Cuenca solo sería posible cuando la totalidad de los usuarios regularizara su situación. La regularización era, en ese sentido, una deuda de más de una década, y las resoluciones de 2024-2025 son un intento de ordenar el padrón que no cerró de inmediato la brecha entre tomas existentes y permisos formalizados.

Las campañas de aforo de octubre-noviembre de 2022 aportaron magnitud al problema: en la cuenca alta se midieron extracciones para riego del orden de 3,7 m³/s en fechas de aforo —más de tres veces lo que en ese momento extraía el sistema de acueductos del Musters para consumo urbano—, y en el delta de Sarmiento las extracciones en canales de riego llegaron a valores del orden de 7,6 m³/s en noviembre de 2022. Son mediciones puntuales, no volúmenes anuales, pero confirman el peso cuantitativo de las tomas de riego frente al caudal disponible y al consumo humano de las ciudades del Golfo San Jorge.

La obra más relevante prevista para regular la cabecera, la Presa Nacimiento del Río Senguer / Azud del Lago Fontana (BAPIN 131498), busca reducir la variabilidad estacional del sistema Fontana-La Plata. Según su documentación técnica, el derrame medio histórico en Nacimiento ronda los 1.052 Hm³/año, la demanda agrícola teórica de la cuenca se estima en 1.485 Hm³/año para unas 33.000 hectáreas bajo riego, y la capacidad de regulación proyectada del embalse es de 110-114 Hm³. El balance teórico ya es deficitario incluso sin contar pérdidas de conducción, y la obra, pese a contar con financiamiento nacional y figurar entre las medidas prioritarias del Comité de Cuenca, no estaba operativa al momento de declararse la emergencia.

Entre 2022 y 2025, entonces, el Estado diagnosticó la falta de medición, licitó un plan de largo plazo, dictó normas de regularización, aforó extracciones significativas, proyectó la oferta hídrica y avanzó parcialmente en la obra de regulación del Fontana. Al mismo tiempo, el padrón de febrero de 2026 muestra que se siguieron otorgando permisos, que el volumen autorizado se concentra en pocas manos y que persisten los canales que el propio IPA calificó de pérdidas intolerables.

El factor climático: qué cambia y qué todavía no está claro

El cambio climático no opera aquí como argumento genérico. Más del 70 % del caudal del Senguer se genera en la cabecera cordillerana, alimentada por los lagos Fontana y La Plata y por el deshielo. Estudios de la UNPSJB y el CONICET muestran que el pico de caudal primaveral se adelantó unos 17 días desde 1950, que el deshielo —antes concentrado entre fines de septiembre y octubre— ocurre cada vez más temprano, y que la temporada de acumulación de nieve se acorta a favor de precipitaciones en forma de lluvia. Ese cambio reduce la función de la nieve como embalse temporal: el agua escurre antes y está menos disponible en los meses de mayor demanda.

Desde 2000-2001 se observa además una disminución de las precipitaciones invernales en la cabecera, un aumento de la temperatura media (del orden de 2,18 °C entre 1989 y 2015 en registros regionales) y una mayor frecuencia de fases de La Niña, asociadas a reducciones de caudal de entre 33 % y 36 % en los tramos bajos respecto de fases de El Niño. La cobertura de glaciares en la subcuenca es mínima (alrededor del 0,03 % del área), lo que limita la capacidad de regulación natural frente a los períodos secos. En la cuenca baja, donde están los lagos Musters y Colhué Huapi, el déficit es estructural: precipitaciones del orden de 150 mm anuales contra evaporaciones que superan los 1.700 mm, un desbalance que el aumento de temperatura agrava.

Las proyecciones a futuro, sin embargo, son menos nítidas para el Senguer que para el Chubut. Mientras la cabecera del río Chubut proyecta una reducción del orden del 40 % en la disponibilidad de agua hacia fines de siglo, para el Senguer los estudios disponibles no coinciden: algunos trabajos estiman tendencias negativas de caudal del orden de 1 % anual entre los lagos Musters y Colhué Huapi y 1,5 % anual en Los Molinos, mientras que otros no encuentran tendencias estadísticamente significativas, según la metodología, la estación y el período analizado. La cuenca se ubica en una zona de transición climática, entre tendencias negativas más claras al norte y tendencias positivas o indefinidas más al sur.

Lo que sí se proyecta con mayor consenso son procesos regionales: menos nieve y menor espesor nival en los Andes de latitud media, deshielo más temprano, mayor evaporación en los lagos terminales y persistencia del desfase estacional entre oferta y demanda. Esa incertidumbre sobre la cifra exacta no debilita el diagnóstico de vulnerabilidad: si el clima se vuelve más errático, los márgenes de ineficiencia y sobreasignación que el sistema toleraba en el pasado se vuelven más costosos.

La pregunta que atraviesa toda la evidencia

¿La emergencia hídrica del Senguer responde exclusivamente a una disminución de la disponibilidad natural, o también revela una vulnerabilidad vinculada a la forma en que se administra, distribuye y utiliza el agua? Los propios documentos oficiales —el proyecto de ley, los registros de permisos, las intervenciones del IPA ante el Comité de Cuenca, los antecedentes de 2022-2025— no permiten responder con una causa única. Permiten, sí, sostener que ambos factores operan juntos: un caudal que decrece de manera diferente entre la cabecera y la cuenca baja, y una estructura de uso del agua —permisos concentrados, canales con pérdidas que el propio Estado calificó de intolerables, una obra de regulación todavía inconclusa— que condiciona cuánta de esa agua llega efectivamente a destino.

Conclusión

El componente climático de la emergencia es real: menos nieve, deshielo adelantado, mayor evaporación y una cabecera que, según la proyección más citada, podría perder hasta 40 % de su disponibilidad hacia fin de siglo en la cuenca vecina del Chubut, con una tendencia menos definida pero igualmente preocupante en el Senguer. Eso no agota, sin embargo, lo que hay para analizar.

La comparación entre Nacimiento y Los Molinos, la concentración de tres cuartas partes del volumen autorizado en tres permisos, los canales que el propio IPA definió como generadores de pérdidas intolerables y una obra de regulación de cabecera que sigue sin estar operativa componen un cuadro de gestión que el Estado documentó, en gran medida, antes de esta emergencia. La Ley 086/26 habilita herramientas de un año, orientadas principalmente a ampliar la oferta y a priorizar usos por decisión administrativa. No responde por sí sola a las preguntas que su propio diagnóstico plantea: cómo se asigna el agua, cómo se controla su uso real, cuánto se pierde en el camino, qué información existe para decidir y cuánta capacidad de adaptación tiene el sistema frente a una disponibilidad que, con o sin certeza sobre su magnitud futura, viene mostrando menos margen.