Si sos cristiano, no podés apoyar la reforma a la Ley de Glaciares
Introducción: Una casa común que se derrite
Ayer, 8 de abril de 2026, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Nacional de Glaciares (N° 26.639). Lo que antes era un mandato de cuidado preventivo ahora es una autorización revisable, sujeta a intereses provinciales y presiones extractivas. Solo se protegerán los glaciares que las provincias decidan que tienen "funciones hídricas relevantes". El resto queda expuesto.
Para cualquier cristiano —católico, protestante, evangélico o de cualquier tradición— esta reforma no es solo un error técnico o político. Es una traición a la fe. No se puede profesar el Credo y avalar simultáneamente el desmantelamiento de las reservas de agua que Dios nos confió para todas las generaciones.
1. El mandato bíblico: Guardar, no explotar
La primera página de la Biblia ya establece el contrato fundamental entre la humanidad y la creación:
"Tomó, pues, Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase" (Génesis 2:15, RVR 1960).
Dos verbos hebreos: abad (cultivar, servir) y shamar (guardar, proteger, preservar). No dice "explotar". No dice "maximizar rendimiento". No dice "extraer hasta agotar". Dice guardar.
Los obispos patagónicos, en su documento del 29 de marzo de 2026, recordaron esta verdad con una frase que debería grabarse en el frontispicio del Congreso: "El aire y el agua valen más que el oro, la plata o cualquier 'pseudo progreso' que no respete los estándares ambientales exigidos en los países de origen de los proyectos".
Si tu fe comienza en Génesis, tu política ambiental debe terminar en la protección de lo que no tiene precio.
2. Laudato si': El agua como derecho, no como mercancía
El Papa Francisco, en Laudato si' (2015), fue categórico: el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal (n. 30). No es una sugerencia. No es una preferencia política. Es un derecho que deriva de la dignidad de la persona creada a imagen de Dios.
Francisco advirtió exactamente lo que acaba de suceder: que mientras la calidad del agua disponible empeora, avanza la tendencia a convertir este recurso escaso en mercancía sujeta a las leyes del mercado (n. 30). La reforma aprobada ayer es la puerta de entrada a esa lógica. Quien controle el glaciar, controla el agua. Quien controle el agua, controla la vida.
3. El argumento libertario también falla. Por su propia lógica.
Hay quienes apoyan esta reforma desde una convicción genuina: que el Estado no debe interferir en la economía, que la propiedad privada es sagrada, que el mercado asigna mejor que la burocracia. Es una posición coherente en muchos planos. Pero en este caso no cierra. Ni siquiera desde adentro.
Los glaciares no son propiedad de nadie. No se compraron, no se construyeron, no se produjeron. Son bienes comunes que preexisten a cualquier contrato social. Su destrucción no es una transacción entre partes: es una externalidad negativa que le cuesta a todos, incluidos quienes no votaron, incluidos quienes todavía no nacieron.
Eso tiene nombre en la teoría económica liberal: falla de mercado. El liberalismo clásico —de Adam Smith a Milton Friedman— reconoce que cuando una actividad privada impone costos a terceros sin compensarlos, el mercado falla. Y cuando los costos son irreversibles y afectan a generaciones futuras, la falla no es corregible con precio: es un daño permanente.
Entonces la pregunta no es ideológica. Es práctica: ¿qué tipo de libertad deja sin agua a las generaciones futuras? ¿Libertad para quién? ¿Libertad hasta cuándo?
4. Lo que el "empleo y desarrollo" no te cuentan
El argumento más seductor de la reforma es simple: la minería genera empleo y divisas. Y en una Argentina con 40% de pobreza, ese argumento tiene peso moral aparente. Pero hay que mirarlo con honestidad.
Las regalías mineras tienen un techo legal del 3% sobre el valor "boca de mina" —fijado por el Código Minero— que en la práctica, descontados costos de transporte y administración, puede reducirse a la mitad. El Código Minero pone además un techo provincial del 3%, lo que significa que las provincias no pueden subir ese porcentaje más allá de ese límite, por más que quieran. El 97% restante del valor producido sale del territorio.
Y cuando la mina se cierra, ¿qué queda? Catamarca tiene la respuesta más elocuente. Bajo de la Alumbrera operó durante 21 años, extrajo cobre, oro y molibdeno, y cuando cerró, el propio diario provincial El Esquiu reconoció la lección aprendida: "No queremos otra Alumbrera". Mientras la mina funcionaba, las oficinas de la empresa estaban en Tucumán. Los contratos se firmaban en Tucumán. Los proveedores eran de Tucumán. Catamarca ponía el territorio y los pasivos ambientales; otros se llevaban la mayor parte de los beneficios. El costo del cierre y saneamiento quedó en manos del Estado.
San Juan tiene la lección más dolorosa. En septiembre de 2015, la mina Veladero —operada por la canadiense Barrick Gold sobre zona periglaciar, en violación de la Ley de Glaciares— derramó más de un millón de litros de solución cianurada al río Potrerillos, contaminando cinco ríos sanjuaninos. La empresa primero habló de 15.000 litros. Luego de 224.000. Solo ante la justicia reconoció el millón. A diez años del desastre, el juicio oral sigue sin realizarse. Las aguas del río Jáchal persisten con niveles elevados de metales pesados. El perito independiente que visitó el yacimiento declaró que Veladero operaba en clara violación de la Ley de Glaciares —algo que la propia empresa reconocía en su informe de impacto ambiental.
Ese es el modelo que la reforma habilita. No es hipótesis: es historia reciente.
5. La denuncia profética: Participación viciada, decisión ilegítima
Las iglesias no solo cuestionan el contenido de la reforma. Cuestionan el proceso. Los obispos patagónicos denunciaron lo ocurrido en la audiencia pública del 7 de abril: cercaron el recinto e impidieron el ingreso de ciudadanos inscriptos, desestabilizaron oradores e incorporaron participantes no previstos. Y concluyeron que esas estrategias "son llevadas a cabo, de modo sistemático desde hace décadas, en pueblos y parajes de nuestro territorio".
Para un cristiano, la justicia procesal no es un detalle burocrático. Es condición de legitimidad moral. La Biblia está llena de profetas que denunciaron no solo la injusticia del resultado, sino la corrupción del procedimiento:
"Aprended a hacer el bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda" (Isaías 1:17).
¿Cómo puede un legislador cristiano avalar una ley nacida de una audiencia pública donde, según los propios obispos, "ya ahogaron la voz de un pueblo"?
6. Ecumenismo ambiental: Católicos y protestantes, una sola voz
Esto no es un monopolio católico. El Nodo Argentina de la Red Continental de Iglesias y Minería —que incluye metodistas, luteranos, valdenses, bautistas y pentecostales— emitió un pronunciamiento conjunto en marzo de 2026: "Nuestra visión está fundada en la fe, en que valoramos este territorio como una casa común. No podemos dejar la creación librada solamente a decisiones vinculadas al extractivismo".
El sacerdote verbista Víctor Hirch, portavoz de la red, lo dijo sin ambages: "El agua es más valiosa que el oro. La renta minera no suele traducirse en beneficios para las poblaciones locales, quienes terminan asumiendo el pasivo ambiental".
Las iglesias históricas protestantes de la Patagonia —muchas con raíces inmigrantes alemanas y galesas en Chubut— marcharon codo a codo con católicos en las asambleas por el agua desde 2021. No hay excusa confesional posible.
7. Justicia intergeneracional: ¿Qué mundo les dejamos?
Francisco plantea la pregunta que debería resonar en cada conciencia cristiana: "¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están naciendo?" (Laudato si', n. 160).
Los glaciares no son recursos del presente. Son herencias del futuro. Son reservas estratégicas de agua dulce para tiempos de sequía, para generaciones que aún no tienen voto ni lobby.
La reforma prioriza beneficios económicos de corto plazo —regalías que en gran parte se dilapidan en gastos corrientes— sobre la seguridad hídrica de largo plazo. Eso no es administración responsable. Es robo intergeneracional.
8. La Patagonia no es zona de sacrificio
Chubut lo vivió entre 2021 y 2022, cuando el pueblo se movilizó masivamente contra la minería a cielo abierto y logró derogar la ley provincial que la habilitaba. Esa victoria no fue casualidad: fue discernimiento colectivo basado en el principio precautorio. Las comunidades —incluyendo muchas comunidades de fe— dijeron: mejor prevenir que lamentar.
Hoy la Nación viene por lo que las provincias protegieron. Y lo hace con el mismo argumento de siempre: "es para generar empleo". Catamarca y San Juan ya mostraron adónde lleva ese camino.
La Patagonia tiene el Campo de Hielo Patagónico, la tercera reserva de agua dulce del planeta. No es un yacimiento a cielo abierto. Es lo que los obispos llamaron una catedral de agua. Y las catedrales no se explotan; se veneran.
Conclusión: No hay neutralidad posible
Frente a esta reforma, un cristiano no puede decir "no me meto en política". Porque esto no es política partidaria: es ética fundamental. Es la diferencia entre cuidar la casa común o venderla por monedas.
Si sos cristiano:
No podés avalar una ley que convierte el agua en mercancía.
No podés silenciar tu voz ante una audiencia pública viciada.
No podés priorizar el lucro de corto plazo sobre el derecho de todos.
No podés traicionar a tus hijos y nietos por regalías que, como ya vimos, se quedan en pocas manos.
Los obispos patagónicos cerraron su documento con una advertencia que debería leerse en cada púlpito y cada culto del país: "El aire y el agua valen más que el oro... Ninguno de ellos respira nuestro aire; tampoco beben del agua de nuestros ríos. Porque de eso se trata: del aire y del agua".
Que la historia no diga que los cristianos del 2026 guardaron silencio mientras derritían la casa común.
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